El vicepresidente insiste en que la Constitución sólo reconoce las autonomías indígenas y no las departamentales
LA PAZ, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno boliviano aceptó anoche la autonomía de cinco pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz, adelantándose con esta decisión al referéndum sobre la autonomía para esta región convocado para el próximo 4 de abril, según informan hoy la agencia de noticias oficial ABI y otros medios locales.
El encargado de firmar el acuerdo con los representantes de los pueblos guaraní, mojeño, ayoreode, chiquitano y guarayo fue el vicepresidente boliviano, Álvaro García Lineras, quien lo hizo en base a una ley de noviembre de 2007 y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Estamos aquí ante un momento histórico de la República, de la constitución de las primeras autonomías indígenas de nuestro territorio", afirmó el vicepresidente durante el encuentro con decenas de dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).
Asimismo, quiso dejar claro que a diferencia de la autonomía indígena legalizada por unanimidad por el Congreso Nacional, las autonomías departamentales necesariamente deberán estar enmarcadas en la nueva Carta Magna. En este sentido, insistió en que el referéndum del 4 de mayo en Santa Cruz es ilegal y sus resultados no serán vinculantes y mucho menos reconocidos por el Gobierno legalmente constituido.
"La autonomía indígena es la primera autonomía legal legalizada por el Congreso de la República. La autonomía indígena no necesita otra ley porque fue legalizada por el Congreso de la República. Esto es Ley de la República", afirmó García Lineras, recordando que la Ley 3.060 estipula que "los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas".
Asimismo, prosiguió el vicepresidente, según la ley, "los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos, de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones".
Ahora, explicó García Lineras, el Ejecutivo de Evo Morales --que a la sazón es el primer indígena en ser presidente en Bolivia, país en el que en torno al 62% de la población es indígena-- tendrá que "definir los mecanismos de transferencia de recursos de administración para que las autonomías indígenas, amparadas por nuestra ley y por Naciones Unidas, se vuelvan un hecho y tengamos las primeras autonomías legales de nuestra historia como pueblo, como país y como patria".
En cuanto a la autonomía que reclaman los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, García Linera insistió en que "esa autonomía departamental está vinculada a la nueva Constitución Política del Estado". "En termino legales la autonomía se pone en marcha hoy, (pero) la departamental, que es necesaria para Bolivia, será legítima en el momento en el que aprobemos una nueva Constitución, mientras tanto no serán legales", advirtió.
En este sentido, insistió en que la consulta del 4 de mayo no es legal "porque no puede haber autonomía departamental antes que haya una nueva Carta Magna, porque la que sigue vigente no reconoce autonomías departamentales". Además, remachó, en la redacción de los estatutus autonómicos "no consultaron a los indígenas, a los campesinos ni a los trabajadores".