LA PAZ, 4 Sep. (Reuters/EP) -
El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García, aseguró ayer que el Gobierno aceptaba promover por ley, no vía decreto, la convocatoria del referéndum para aprobar la nueva Constitución, en medio de una pugna legal que pone en duda el proyecto.
La máxima autoridad electoral del país había anunciado el lunes pasado que debido a "impedimentos legales" no iba organizar el referendo ya que éste no fue convocado por ley del Congreso sino sólo por decreto del Poder Ejecutivo. Minutos antes de las declaraciones de García, las organizaciones sociales que apoyan al gobierno, reunidas en la oriental ciudad de Santa Cruz, resolvieron cercar al Congreso Nacional hasta que apruebe por ley la convocatoria al referendo.
El vicepresidente, Alvaro García, dijo que será el Congreso el que ahora debe hacer acuerdos y aprobar la convocatoria, "tomando en cuenta" el querer de más del 67 por ciento de la población, que ratificó al Gobierno en referendo revocatorio del 10 de agosto. "Si resulta insuficiente o hay limitaciones o imposibilidades de cumplir el decreto (de convocatoria al referendo) el siguiente paso obligatorio es la ley. Ahora el tema de la nueva constitución y el referendo ha pasado al Congreso", indicó García.
Sin embargo, el prefecto opositor de Beni, Ernesto Suárez, dijo que "con decreto o con ley, no permitiremos que se nos imponga una Constitución antidemocrática, ilegítima, que busca dividir al país y sólo refleja la posición del gobierno".
GAS PARA ARGENTINA Y BRASIL
Más temprano, la oposición regional había advertido e que el bombeo de gas natural a Argentina y Brasil puede resultar interrumpido por sus protestas contra la nueva Carta Magna. La radicalización de las protestas opositoras fue anunciada en una resolución firmada en Santa Cruz por los prefectos y líderes cívicos de cinco de los nueve departamentos bolivianos, que rechazan el cambio constitucional y demandan autonomías regionales.
Resolvieron así "alertar de que en caso de persistir la política confiscatoria del Gobierno Central, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país", se lee en el pronunciamiento. Esta fue la primera vez que los líderes opositores, en cuyos distritos se encuentra la mayor parte de las reservas de hidrocarburos del país, mencionaron la posibilidad de cortar las exportaciones de gas, principal fuente de divisas del país, para bloquear las reformas socialistas de Morales.
Tomas de yacimientos y gasoductos habían sido anunciadas el mes pasado por dirigentes cívicos de la región sudoriental del Chaco y el Gobierno respondió entonces con un refuerzo de la habitual protección militar a las instalaciones petroleras, desde las que Argentina y Brasil reciben diariamente en conjunto al menos 32 millones de metros cúbicos de gas natural.
Los sectores aliados al gobierno, resolvieron hacer también un cerco a la ciudad de Santa Cruz, motor económico del país y donde la derecha tiene su mayor sustento, hasta que el prefecto Rubén Costas, y el líder regional, Branco Marinkovic, los principales opositores al gobierno, renuncien a sus cargos.
Decidieron marchar la próxima semana desde la población Caracollo, ubicada en el departamento de Oruro, con destino a la ciudad de La Paz el próximo 16 de septiembre para obligar al Congreso a que convoque a referendo.