Actualizado 15/08/2008 06:11

Bolivia.- El Gobierno boliviano asegura que la oposición intenta bloquear un acuerdo nacional

LA PAZ, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobierna en Bolivia consideró ayer que el prefecto y los dirigentes del Comité Cívico pro Santa Cruz bloquean un acuerdo nacional con el Gobierno y señaló como "prueba de ello", aseguró, es la ausencia de Rubén Costas en la mesa de diálogo que durante dos días analizó las eventuales salidas al enfrentamiento político que persiste en el país, informaron los medios locales recogidos por Europa Press.

"Estas dos organizaciones, Prefectura y el Comité Cívico pro Santa Cruz, son representantes de la derecha económica que busca ahora no viabilizar un posible acuerdo entre los prefectos que aceptaron el diálogo con el Ejecutivo", denunció el jefe de bancada del MAS, César Navarro.

En ese sentido, exhortó a los prefectos que comenzaron el diálogo no dejarse utilizar por los representantes cruceños que anteponen sus caprichos "localistas y regionales" antes que una visión nacional, estructural y constitucional. "Esperamos que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos no sea sólo una excusa. Están exponiendo sus esfuerzos para discutir este tema y buscan dejar de lado el tema de la nueva Constitución Política del Estado", señaló Navarro.

El político dijo además que lo que se busca es un pacto en el que se garantice contar con instituciones completas con la designación de autoridades en el Congreso, un pacto vinculado a la distribución de las riquezas y un tercero un encuentro histórico sobre el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado y las autonomías departamentales.

"Son propuestas que hacen a la problemática nacional y esperemos que exista una respuesta en la dimensión que realizó el Presidente", indicó el legislador del MAS. El Poder Ejecutivo planteó a los prefectos ratificados: Mario Cossío, Leopoldo Fernández, Ernesto Suárez y Rubén Costas, como a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, concretar un pacto para consolidar una autonomía legal, un pacto fiscal con el IDH y otro institucional para exigir al Congreso la designación de autoridades de Estado.