LA PAZ, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Bolivia ha negado este viernes que los cárteles de países vecinos se hayan instalado en territorio boliviano, desmintiendo así lo publicado esta semana por la prensa latinoamericana.
Las alarmas saltaron el pasado miércoles, con la publicación de una noticia en el diario peruano 'La República', en la que aseguraba, basándose en fuentes de la Dirección Antidrogas de la Policía de Perú (Dirandro), que un piloto boliviano abatido en la frontera común transportaba drogas para el cártel de Sinaloa.
"Hay una versión periodística que tendrá una fuente, seguramente será seria, pero no tenemos ningún reporte oficial de las autoridades peruanas de que este señor estaba ligado a un cártel", ha dicho el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Romero ha indicado que el piloto ha sido identificado como Ángel Roca Rivera, que estuvo preso en Bolivia por un delito de narcotráfico cometido en 1993 y que fue liberado con el llamado decreto presidencial de "los narcoarrepentidos".
El portavoz gubernamental no ha descartado que Roca Rivera tuviera contacto con narcotraficantes de otros países como Colombia o México, pero ha rechazado que "se trate de un caso de un cártel que actúa entre Bolivia y Perú".
"Si fuera un caso tan grave como este, lo mínimo que hubiera habido es una comunicación de las autoridades peruanas con nosotros", ha argumentado, en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'La Razón'.
Romero ha descartado la presencia de cárteles en Bolivia porque "no hay ausencia del Estado en ninguna zona del país" y porque no hay una estructura con el suficiente poder económico para controlar el negocio del narcotráfico.
Sin embargo, ha admitido que los cárteles podrían haber enviado representantes a Bolivia para contactar con narcotraficantes locales y aumentar así su negocio, aunque no con el ánimo de implantarse definitivamente en el país andino.
En los últimos años, muchas organizaciones criminales, incluidos los cárteles, se han desplazado hacia otras regiones, principalmente Centroamérica, debido a la presión ejercida por las fuerzas de seguridad de México y Colombia.