LA PAZ, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Minería de Bolivia, Mario Virreira, ha subrayado este sábado que las modificaciones propuestas a la Ley Minera que están siendo discutidas en la Cámara de Diputados no violan los derechos de los cooperativistas y que las mismas se ciñen a la Constitución.
Así, ha descartado que existe una intención de dañar a las cooperativas y ha pedido al sector que reflexione para alcanzar un acuerdo sobre el proyecto, según ha informado el diario boliviano 'La Razón'.
Virreira ha indicado que "se debe reconocer con hidalguía que posiblemente haya habido una equivocación (por parte del Gobierno) en la interpretación, pero ya se está en instancias de aprobación". "Si era inconstitucional, la observación iba a surgir en cualquier momento y esa ley hubiera sido invalidada", ha recalcado.
Por ello, ha rechazado las críticas en este sentido y ha detallado que el único problema es el artículo 151, del que ha dicho que "pretende dar derechos que no corresponde a una cooperativa, que no puede contratar directamente a una empresa privada".
"El artículo 349 de la CPE señala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e indescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo", ha agregado.
"Eso es lo único que se está observando, y tenemos que preservar esa función, ese rol, esa potestad del estado boliviano de poder hacer estos contratos en las que participan los privados o cualquier actor estatal, ese es el fondo del problema", ha remachado Virreira.
En septiembre de 2013, el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la Ley de Reversión de Derechos Mineros con el objetivo de recuperar las concesiones mineras privadas que no tienen actividad.
"Es un hecho histórico y con este instrumento jurídico serán revertidas al Estado las concesiones mineras que no tenían ninguna producción y que solamente servían para hacer algunos negocios en manos de sus propietarios", declaró.
Esta Ley establece que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de los tratados internacionales deben responder a los intereses del Estado Boliviano en función a la soberanía y de los intereses del pueblo.