LA PAZ, 12 May. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Bolivia y las organizaciones indígenas y campesinas han presentado este lunes el borrador de la nueva ley de consulta previa, por la cual los pueblos originarios se reservarán la potestad de dar o no su beneplácito a cualquier medida de explotación energética que las autoridades pretendan realizar en sus territorios, a través de la figura del referéndum.
La principal característica de la norma, redactada conjuntamente por Gobierno y agrupaciones indígenas y ya remitida a la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación, es el posible carácter vinculante que se prevé tendrán las consultas populares que se realicen.
"Es vinculante porque los acuerdos a los que arribe el Estado con los pueblos indígenas adquieren obligatoriedad para ambas partes, de tal manera que es un mecanismo profundamente cualitativo para profundizar los derechos indígenas", ha explicado el ministro de Interior, Carlos Romero, durante el acto oficial en el que se entregó el borrador al presidente del país, Evo Morales.
Romero ha explicado que el acuerdo se ha llevado a cabo con el consenso de más de 4.000 representantes de diferentes organizaciones, --como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) o la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)--, así como de ocho ministerios distintos y de ONG campesinas y de otros gremios.
En caso de que esta propuesta de ley sea aprobada, Bolivia se convertiría en el segundo país de Latinoamérica en contar con una legislación de este tipo, después de Perú. Ecuador, cuya redacción está en proceso, y Colombia, son las otras dos naciones sudamericanas cuyas constituciones contemplan esta posibilidad.
La Constitución de Bolivia recoge en su artículo 30 la posibilidad de que las pueblos originarios y los campesinos puedan ser consultados por el Estado al respecto de las políticas de explotación de recursos naturales que se llevan a cabo en sus territorios, así como el resto de iniciativas que de alguna manera puedan afectarles.
Por su parte, Morales ha señalado que la norma tiene el objetivo de "acelerar las consultas" populares a fin de agilizar las políticas de desarrollo de los territorio indígenas en los que se prevea proyectos de explotación de recursos naturales o de construcciones de infraestructuras.
"Queremos la participación de nuestros compañeros dirigentes. A veces perdemos uno, dos, o hasta tres años en mecanismos de exploración. Si solo en eso perdemos tres años, imaginen qué tiempo estamos desaprovechando", ha explicado Morales durante el acto de presentación del proyecto, celebrado en la sede del Gobierno.
El Gobierno cuenta con experiencias pasadas relacionadas con las consultas populares ente este tipo de situaciones bastante alentadoras, como el caso de la carretera que se construyó en el Parque Nacional Isiboro Sécure, que unía los departamentos de Beni y Cochabamaba, no sin antes haber obtenido el visto bueno de sus pobladores, tal y como ha recordado el periódico boliviano 'La Razón'.