Actualizado 29/05/2014 19:11

El Gobierno zanja unos de sus principales frentes con la nueva Ley de Minería

Mineros bolivianos
REUTERS

LA PAZ, 29 May. (Notimérica/EP) -

El Gobierno de Bolivia cerró este miércoles uno de sus frentes sociales más convulsos en los últimos meses, al margen de las reivindicaciones de los militares de rango inferior, con la promulgación de la nueva Ley de Minería y Metalurgia, que durante el pasado mes de abril mantuvo a las autoridades y a los trabajadores de la cooperativas del sector con unos fuertes enfrentamientos, que acabaron con la vida de dos personas y con casi un centenar de heridos.

"Es la primera Ley Minera en 190 años de existencia de nuestra república que la hacen los trabajadores con su sudor, con su esfuerzo, con su pensamiento, con su sacrificio y con su necesidades", recalcó el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.

"No está perfumada ni con olores ni con lenguajes extranjeros", continuó García Linera en clara alusión a la principal diferencia que mantuvo a ambas partes del conflicto en continúa lucha durante casi un mes. Las cooperativas mineras reclaman su interés por poder negociar directamente con empresas privadas, sin el control de la Asamblea Legislativa, una petición contraria a los preceptos marcados en la Constitución del país.

El polémico artículo 151, que según el Gobierno ponía en riesgo la soberanía constitucional de los recursos naturales del país, estuvo a punto de tirar por tierra una ley, que se había estado gestando a lo largo de tres años, después de los violentos choques que se produjeron en las principales ciudades mineras, además de en La Paz.

Finalmente, después de casi un mes de fuertes tensiones, se optó por eliminar la posibilidad de que las cooperativas mineras pudiesen suscribir contratos de asociación con empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, respetando así lo acordado en la Constitución de 2009.

El problema surgió cuando el pasado 30 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sin percatarse de las incompatibilidades que podrían surgir entre la Constitución y el ya citado artículo 151 de la iniciativa legislativa. "Un error de interpretación del Gobierno", tal y como reconoció el presidente boliviano, Evo Morales, cuando el ejecutivo decidió dar marcha atrás.

Esto contrarió a las cooperativas, las cuales salieron a las calles a protestar, produciéndose los ya mencionados enfrentamientos entre la Policía y los trabajadores. "Esto no va a quedar así. No vamos a levantar las medidas de presión. Los bloqueos se masificarán y se mantendrán los ya vigentes", anunciaron por entonces los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).

UN GUIÑO A LAS COOPERATIVAS

Durante el acto de promulgación, celebrado en Oruro, región del país cuya economía se basa en principalmente en la explotación minera y escenario de fuertes choques durante la pasada crisis, García Linera señaló que con la nueva ley, se pondrá fin a esa visión marginal que se tenía de las cooperativas, pues dejará de "producir en áreas marginales y sobrantes" para "ocupar vetas importantes", pues "a día de hoy son productores de primera categoría en el ámbito minero".

El actual presidente en funciones hasta que Morales vuelva de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados que está teniendo lugar en Argelia, anunció que el Gobierno seguirá ampliando las áreas mineras estatales, pero centrándose en aquellos yacimientos cuya producción sea rentable a gran escala.

"Vamos a ser muy selectivos. El Estado va a seleccionar las mejores áreas mineras de Bolivia, en las cuales invertiremos millones de dólares para producir mineral, para generar ganancias y regalías", explicó, según la información de la agencia estatal ABI.

NO SE CIERRA LA PUERTA AL CAPITAL EXTRANJERO

El mercado de la minería supuso en 2013 para Bolivia ganancias en torno a los 3.000 millones de dólares, la segunda fuente de financiación del Estado tras los hidrocarburos. Desde que asumiera las riendas del país en 2006, Evo Morales, consciente de los beneficios que la explotación de los recursos naturales podrían ofrecer al conjunto de la población, inició una serie de políticas encargadas de recuperar estas fuentes de financiación, hasta entonces agraciando a unos pocos.

La nueva Ley de Minería, si bien no cierra la puerta a la inversión extranjera, otorga más poder al Estado en cuanto al control de esta parcela de la economía nacional, así como el monopolio de explotaciones importantes como el del litio o la del potasio.

"Las inversión extranjera es bienvenida a Bolivia", sentenció García Linera, pero bajo una serie de condiciones impositivas, entre las cuales están el respeto al medio ambiente y a las normativas locales y nacionales, así como la necesidad de que dichas iniciativas traigan consigo una serie de responsabilidades sociales para las poblaciones en las que se quieran implantar.

En ese sentido, la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), será el único actor capacitado para negociar con el capital privado que desee explotar los yacimientos mineros del país, que a día de hoy está sujeto a un régimen impositivo que oscila entre el 55 y el 63 por ciento de sus ganancias en suelo boliviano. Aunque, estas tasas podría sufrir variaciones en un próximo proyecto que se debatirá al respecto.