LA PAZ, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Un juez ha ordenado a un periodista que revele las fuentes de las que se sirvió para escribir un reportaje sobre la demanda que el Gobierno de Evo Morales presentó contra Chile para exigir una salida soberana al océano Pacífico.
El procurador general, Héctor Arce, presentó una denuncia el pasado 22 de abril ante la Fiscalía por "espionaje" y "revelación de secretos" contra el periodista Ricardo Aguilar y contra la directora del diario boliviano 'La Razón', Claudia Benavente, como cómplice.
Arce pretendía que Aguilar revelara las fuentes que usó para el reportaje publicado el pasado 13 de abril en el suplemento 'Animal Político' bajo el título 'De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales'.
El juez 11° de Instrucción de La Paz, Jhonny Machicado, ha ordenado este viernes a Aguilar el "levantamiento del secreto de fuente", basándose en el artículo 9 de la Ley de Imprenta, para lo cual le ha dado un plazo máximo de tres días.
En concreto, Machicado ha pedido a Aguilar "el nombre o los nombres de las autoridades o ex autoridades, del funcionario o funcionarios públicos, ex funcionario o ex funcionarios públicos que le revelaron información reservada sobre la demanda marítima boliviana".
Además, el procurador general ha instado a Aguilar y a 'La Razón' a "coadyuvar con la investigación", que, según ha explicado, tendría como fin proteger el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre Bolivia y Chile.
"Nuestro reportaje fue procesado de manera lícita, bajo nuestros códigos de imprenta y de ética, sin violar norma alguna", ha defendido 'La Razón' en un comunicado, adelantando que "apelará a su derecho a la defensa en el marco de la Ley de Imprenta, especialmente en referencia a la inviolabilidad del secreto de imprenta".
También ha aclarado que, "por su condición de periódico nacional, se adscribe a la demanda histórica de retorno soberano de Bolivia al océano Pacífico planteada ante Chile y, en consecuencia, promueve desde sus páginas cualquier acción destinada a ese fin".
EL CONFLICTO TERRITORIAL
El conflicto territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.
Chile asegura que con el acuerdo de paz --que fue ratificado por los parlamentos de ambos países veinte años después-- se establecen las fronteras --también las marítimas-- de las naciones combatientes, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial.
Bolivia argumenta que el acuerdo de paz es "injusto, incumplido e impuesto" y ha rechazado la intangibilidad de los tratados internacionales, recordando que Estados Unidos se avino a superar el firmado en 1903 con Panamá.
En un intento de destrabar el conflicto bilateral, el Gobierno de Morales y el de la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet firmaron en 2006 una agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima para Bolivia.
No obstante, el diálogo nunca llegó a iniciarse, más allá de reuniones de trabajo, por lo que finalmente el pasado 24 de abril el Gobierno boliviano presentó una demanda en la CIJ para exigir su salida marítima a Chile.
Con la vuelta de Bachelet a La Moneda, Chile se ha mostrado dispuesto a retomar la agenda de 13 puntos. Morales, también ha expresado su voluntad de diálogo, pero subrayando que en ningún caso retirará la demanda en la CIJ.
El pasado 15 de abril, Morales presentó personalmente en la CIJ la memoria jurídica boliviana, insistiendo en que Chile tiene la obligación de negociar una salida al mar. Santiago ha calificado de "seria" la argumentación de La Paz, pero ha rehusado ir más allá en la valoración de su contenido.
El equipo jurídico chileno tiene un plazo de 90 días, a contar desde el pasado martes, para impugnar la competencia de la CIJ. En caso de no hacerlo, tendrá hasta el 18 de febrero de 2015 para presentar una memoria jurídica propia.