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LA PAZ, 1 May. (EUROPA PRESS) -
Los militares de bajo rango bolivianos que desde hace diez días protestan por la discriminación en las Fuerzas Armadas han condicionado el diálogo con el Alto Mando a la anulación de los "retiros obligatorios" dictados contra 715 efectivos.
"La condición (para dialogar) es dejar sin efecto todo tipo de sanciones, como los retiros obligatorios. Mientras no se anule, no entrarán a ninguna mesa de negociación ni pararán las movilizaciones", ha anunciado el abogado de los militares de bajo rango, Édgar Tuco.
La semana pasada, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas dio de baja a 715 efectivos acusados de los delitos de amotinamiento y sedición por participar en las protestas contra el Gobierno de Evo Morales.
En una primera tanda, el pasado 22 de abril, 13 suboficiales y sargentos fueron al "retiro obligatorio", a los que apenas dos días después se sumaron otros 702. En total, 381 del Ejército, 300 de la Fuerza Aérea y 21 de la Armada.
Ayer, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas decidió "dejar sin efecto" el "retiro obligatorio" de 187 uniformados --110 del Ejército, 70 de la Fuerza Aérea y siete de la Armada--- que así lo habían solicitado presentándose en sus respectivos cuarteles.
Los militares de bajo rango pretenden que el Alto Mando haga con los 528 restantes lo mismo, revocando su "retiro obligatorio". Sin embargo, el director de Comunicación Social del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, Hernán Crespo, lo ha descartado.
"No se puede hacer lo que piden, porque todo tiene que ser mediante un proceso, ya que, si se anula, todo eso permanecerá en sus archivos; pero si lo realizan con las leyes militares, saldrá una resolución que indicará un borrón y cuenta nueva", ha explicado.
LA PROTESTA
El conflicto en los cuerpos castrenses comenzó el pasado 3 de abril, cuando suboficiales y sargentos presentaron un anteproyecto para reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, con el fin de "descolonizarlas" y acabar con la discriminación.
Ante la indiferencia de las autoridades bolivianas, el pasado 21 de abril unos 1.000 militares, todos de bajo rango, de los 9.000 que integran las Fuerzas Armadas bolivianas, iniciaron una huelga indefinida y marcharon por La Paz.
Los militares de bajo rango, en su mayoría de origen indígena, exigen las mismas oportunidades de promoción interna, formación continua y el mismo acceso a los programas de seguridad social y sanidad que los altos cargos castrenses.
INICIO DEL DIÁLOGO
Los manifestantes han pedido reunirse con el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, y con el presidente boliviano, Evo Morales, que, a diferencia de otras ocasiones --como con los cooperativistas mineros-- han rehusado sentarse a la mesa de negociaciones, insistiendo en que las Fuerzas Armadas tienen sus propios cauces de protesta.
Sin embargo, debido a la escalada de la movilización en las calles, que ha estado apoyada también por las mujeres de militares y policías y por los llamados 'ponchos rojos' --reservistas indígenas--, el Gobierno finalmente ha cedido a instalar una mesa de diálogo, que comenzó el pasado miércoles.
La base de los manifestantes ha rechazado esta mesa de diálogo, que está formada por representantes del Alto Mando Militar y de los Suboficiales Comando, y ha exigido que en estas conversaciones participen el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación, como mediadores neutrales.
Hasta entonces, han advertido de que seguirán con las movilizaciones. "Damos un plazo de 72 horas a las Fuerzas Armadas para que dejen sin efecto los retiros obligatorios que se emitieron contra los camaradas de baja graduación que solo protestaron por sus derechos", ha dicho Lorgio Cartagena, un suboficial.
Por su parte, los 'ponchos rojos' han dado otro ultimátum a las autoridades castrenses, advirtiendo de que, si no atienden las reivindicaciones de los militares de bajo rango, cercarán La Paz este fin de semana, según ha informado el diario boliviano 'La Razón'.
CAE EL APOYO A LA PROTESTA MILITAR
Según el director de Comunicación Social del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, el 95 por ciento de los suboficiales y sargentos movilizados ha vuelto a sus respectivas unidades, lo que evidencia una caída del apoyo a la protesta.
Crespo ha considerado que prácticamente se puede hablar de normalidad, porque --tal y como ha indicado-- el cinco por ciento restante corresponde a ausencias por bajas médicas o permisos de diverso tipo.