Actualizado 03/04/2014 04:13

Mineros liberan a tres policías en Bolivia

Mineros bolivianos.
Foto: REUTERS

LA PAZ, 2 Abr. (Notimérica/EP) -

   Los cooperativistas mineros que mantenían desde este lunes como rehenes a tres policías, después de estallar las fuertes protestas por su desacuerdo con el proyecto de ley de Minería y Metalurgia aprobado por la Cámara de Diputados de Bolivia, han sido liberados este miércoles, después de que las autoridades negociaran con los captores.

   Los funcionarios Wilber Calatayud, José Chávez e Hipólito López fueron retenidos este lunes en el centro minero de Kami, en la provincia de Cochabamba de Ayopaya, en el oeste del país, cuando intentaban desbloquear una de las carreteras que los cooperativistas mantenían obstruidas como forma de presión ante su negativa a aceptar la nueva legislación del Gobierno en materia de minería.

   El Defensor del Pueblo del departamento Cochabamba, Raúl Castro, ha anunciado que los agentes han sido trasladados a un hospital de la ciudad donde se les hará las pertinentes pruebas médicas de rigor, aunque ha descartado que los funcionarios hayan sufrido ningún daño de consideración.

   Los fuertes enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes llegaron a tal punto que el Gobierno tuvo que paralizar de momento la aprobación del proyecto de ley, pese a que contaba con el beneplácito de la Cámara de Diputados. Los violentos choques no solo tuvieron un balance de tres agentes secuestrados, sino también una centena de heridos entre funcionarios y mineros, dos de los cuales fallecieron por impactos de bala.

   Las autoridades ya han iniciado las pesquisas para averiguar más detalles de estas dos muertes, pero los mineros tienen claro que se han producido por la represión ejercida por las fuerzas policiales. No obstante, el Gobierno señaló este martes que los agentes destinados para contener las manifestaciones, así como para desbaratar los bloqueos previstos por los mineros, no disponían de ese material.

   El Gobierno paralizó la futura legislación para intentar sentar un nuevo diálogo con los cooperativistas, quienes se muestran contrarios a la prohibición de poder negociar directamente con empresas privadas. Una medida que el Ejecutivo considera anticonstitucional, pues podría poner los recursos naturales del país lejos de la administración de los entes públicos y estatales.

DIÁLOGO SUSPENDIDO ENTRE GOBIERNO Y COOPERATIVISTAS

   El ministro de Interior, Carlos Romero, comunicó este miércoles que las conversaciones entre los representantes del Gobierno y los de las cooperativas mineras están suspendidas hasta que éstos últimos levanten los bloqueos que mantienen en algunas carreteras y vías del oeste de Bolivia.

   Romero informó de que la Policía se mantiene concentrada en los principales puntos del conflicto, pero sin intervenir, pues esperan que en las próximas horas, las cooperativas mineras cumplan con su parte del trato para iniciar el diálogo, según ha señalado la agencia de noticias ABI.

PROYECTO DE LEY DE MINERÍA Y METALURGIA

   La norma, aprobada en lo general y en lo particular este domingo por la Cámara de Diputados, tiene como principal objetivo regular "las actividades minero-metalúrgicas estableciendo principios, alineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de los derechos de desarrollo y continuidad de estas actividades mineras".

   Desde un principio, las cooperativas mineras han denunciado una supuesta falta de diálogo por parte del Gobierno, quien decidió modificar el artículo 151 de la ley, que contemplaba la posibilidad de que estas asociaciones establecieran contratos con empresas privadas sin necesidad de que estos acuerdos fueran ratificados por la Asamblea Legislativa.

   Este cambio no gustó a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que anunció medidas al respecto si finalmente el borrador era aprobado. Esta postura, sin embargo, no ha sido respaldada por el principal gremio de trabajadores de la mina, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cuyos representantes repudiaron las medidas de fuerza y denunciaron cualquier intento de poner en manos privadas los recursos del país.