LA PAZ, 27 May. (Reuters/EP) -
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) denunció ayer que la violencia desatada el pasado fin de semana en el departamento boliviano de Chuquisaca por grupos opositores al Gobierno de Evo Morales fue "un atentado a los Derechos Humanos", con "tinte de discriminación racial".
El pronunciamiento surgió en medio de una vasta polémica provocada especialmente por las agresiones que sufrieron, en la ciudad sureña de Sucre, los campesinos que habían acudido a un encuentro con Morales, en el marco del 199 aniversario del grito Libertario de América, una fiesta cívica regional.
Morales canceló su visita a Sucre, pero esto no impidió que manifestantes opositores llevaran a una veintena de campesinos hasta la plaza central de esa ciudad, donde los obligaron a besar el suelo y a gritar contra el Gobierno.
"Estos incidentes violentos son incompatibles con el respeto a los Derechos Humanos, vulneran la dignidad humana, los derechos a la integridad personal y a no ser sometidos a tratos inhumanos y/o degradantes", dijo en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jennifer Pagonis.
Esta fue la primera condena de un organismo independiente a la violencia política en Bolivia, a poco más de dos meses de referendos revocatorios simultáneos del presidente y los prefectos gobernadores de de los nueve departamentos.
El organismo internacional "deplora especialmente el tinte de discriminación racial de los sucesos acaecidos", señaló el comunicado. Asimismo, Pagonis pidió que se castigue a los responsables y llamó a abrir mecanismos de diálogo para bajar la tensión política en Bolivia.
En una serie de actos públicos, el mandatario boliviano hizo referencias a los sucesos del fin de semana en Sucre, que reavivaron un factor de tensión en su largo enfrentamiento con los sectores conservadores que tratan de bloquear un proceso de cambio de Constitución.
Los dirigentes cívicos sucrenses, que defienden procesos de autonomía en otros cuatro departamentos, encabezan ya por más de un año una movilización en demanda de que el Gobierno nacional se traslade a la ciudad sureña, en perjuicio de La Paz.
Esa exigencia derivó en disturbios que casi llevan al fracaso a la Asamblea Constituyente, que tuvo lugar en Sucre entre agosto de 2006 y noviembre de 2007 antes de verse forzada a trasladarse a la ciudad altiplánica de Oruro, donde aprobó una nueva carta magna, que todavía no entró en vigencia.
Los departamentos autonomistas, encabezados por el distrito de Santa Cruz, rechazan la Constitución "plurinacional" con que Morales quiere dar más poder a los indígenas y sentar las bases de una economía socialista.