LA PAZ, 25 Oct. (EP/AP) -
El Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, se enfrentó hoy a una nueva protesta que se inició en Santa Cruz y que podría extenderse al resto del país, menos de una semana después de la toma militar del aeropuerto de esa ciudad que desencadenó duras protestas contra él.
Un grupo de estudiantes inició ayer una huelga de hambre en rechazo a la decisión del mandatario de pagar un bono a los adultos mayores con recortes a la renta petrolera que reciben las regiones, universidades públicas y alcaldías, según informó el rector de la universidad estatal de la ciudad, René Jaldín.
La policía dispersó con gases lacrimógenos una manifestación de universitarios cuando intentaron tomar las oficinas del Ministerio de Hidrocarburos y del Servicio de Impuestos Nacionales en Santa Cruz, durante esta tarde (hora local), aunque no se informó de ningún detenido.
Las autoridades locales y los líderes cívicos del departamento de Chuquisaca, en el sur, anticiparon un paro de las actividades públicas y privadas para mañana. Otras regiones también se oponen al recorte y amenazan con mas protestas. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, calificó de "política" la protesta.
En Santa Cruz, donde se concentra la mayor oposición al mandatario, una protesta callejera obligó al Gobierno a retirar las fuerzas militares y policiales que el jueves pasado ocuparon el aeropuerto de esa ciudad por un conflicto con el operador aeroportuario.
El mandatario anunció hace dos semanas la creación del bono Dignidad para las personas mayores de 60 años (unas 680.000 personas), equivalente a 315 dólares (220,87 euros), a pagarse una vez al año. Pero las regiones, alcaldías y universidades públicas aseguran que el recorte del 30% de sus ingresos afectará sus inversiones.
La Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, inició hoy el debate del proyecto del Ejecutivo, pero la oposición anticipó su rechazo al plan si va a ser financiado con recortes a la renta petrolera. Morales advirtió a los opositores que si no aprueban su propuesta la aplicará por decreto.
La nacionalización de hidrocarburos que decretó en mayo del año pasado modificó la participación del estado boliviano hasta un 82% en el caso de los megacampos de gas y elevó sustancialmente los ingresos de 287 millones de dólares (más de 201 millones de euros) en 2004, a 1.352 millones (948 millones de euros) el pasado año.