El objetivo final, apunta el grupo de expertos, es una enmienda constitucional del agrado de todas las partes en conflicto
MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El grupo de expertos en política internacional International Crisis Group solicita en su último informe una reconciliación de las partes en conflicto en Bolivia, con objeto de intentar reducir la tensión despertada tras la sucesión de referendos emprendidos en cuatro departamentos del país. Es imprescindible, para ICG, que las organizaciones iberoamericanas contribuyan a iniciar un proceso de diálogo que desemboque en una enmienda constitucional que satisfaga a todos los grupos atendiendo a los diferentes procesos de enfrentamiento en Bolivia, entre ellos el estatus de Sucre, la situación de los indígenas y el reparto de los beneficios por hidrocarburos, entre otros.
Y es que, para el grupo, los esfuerzos de Morales para consolidar las reformas han llevado a la Constitución "a un callejón sin salida", desde el 8 de diciembre del año pasado, cuando sus partidarios en la Asamblea Constituyente (AC) aprobaron provisionalmente el texto "haciendo caso omiso de los procedimientos y prácticamente excluyendo a los delegados de la oposición". Sin embargo, "en un abierto desafío a Morales", según indica el grupo, en mayo de 2008 Santa Cruz aprobó masivamente el estatuto autonómico del departamento por referendo, seguido de Beni, Pando y Tarija
Morales está presionando para la aprobación definitiva de la Constitución por referéndum y un voto de confianza popular. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y varios países europeos, y el Grupo de Amigos (Argentina, Brasil y Colombia) deben brindar "sus buenos oficios" para ayudar al Gobierno y a la oposición a llegar a un acuerdo urgente sobre una Constitución revisada que pueda mantener unido al país.
CONSTITUCIÓN
El meollo del conflicto es la nueva Constitución, que la oposición juzga inaceptable a menos que se le hagan enmiendas cruciales. La dirigencia de sus principales partidos --Poder Democrático y Social (PODEMOS), Unidad Nacional (UN) y Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)-- y los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, así como Cochabamba, aducen que carece tanto de legalidad como de legitimidad.
El grupo coincide con la oposición en este último aspecto. Para ICG la resolución es ilegítima ya que el texto se votó sin la presencia de los principales partidos de oposición y, por lo tanto, sin el debido debate, por lo que "es obvio que no se ha adoptado un consenso nacional amplio". El Gobierno insiste en que su aprobación por una mayoría de asambleístas a su vez elegidos democráticamente por una mayoría de los ciudadanos, es suficiente.
Algunos observadores más neutrales sugieren que los dos lados estimularon deliberadamente la polarización y la radicalización que han caracterizado el proceso constitucional desde mediados de 2006: la oposición, liderada por los prefectos de los departamentos de las tierras bajas del oriente, buscó debilitar a los elementos moderados del MAS en la AC, en tanto que los elementos de línea dura del MAS se negaron a hacer concesiones aduciendo que la mayoría tenía todo el derecho de imponer sus puntos de vista a la oposición derrotada.
Para que la Constitución se adopte con carácter definitivo, ICG pide realizar otros dos referendos: el primero sería sobre el artículo 398 (que estipula "la prohibición del latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país); el segundo, el referéndum aprobatorio sobre el texto completo de la Constitución, una vez que se haya ultimado el artículo 398 y el documento completo haya sido aprobado por la plenaria de la AC.
Si bien los referendos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija sólo provocaron incidentes aislados, el ambiente, para ICG, sigue siendo altamente volátil. Dada la dificultad de lograr un diálogo político constructivo, el Gobierno y la oposición en el Congreso han aceptado realizar el referéndum revocatorio el 10 de agosto de 2008, en el que se les pedirá a los bolivianos su opinión sobre Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, así como sobre el prefecto de su departamento.
Sin embargo, ICG estima que "es muy improbable que este voto resuelva la crisis" ya que "las dos partes reconocen que no tienen la posibilidad de derrotar a la otra, pero tampoco saben cómo solucionar el parón político". Asimismo, no está claro hasta qué punto están dispuestos a llegar a un acuerdo, incluso si se aceptan más transferencias de competencias para los departamentos que aumentara las posibilidades de que la Constitución reformada finalmente cuente con una amplia aceptación.
VIOLENCIA
En esta etapa, pocas personas consideran inminente la desintegración territorial de Bolivia, pero el punto muerto político pone en serio peligro la capacidad del presidente Morales para gobernar. En el país existe la sensación generalizada de que el Gobierno y la oposición todavía no están al borde de un conflicto violento, pero es preciso evaluar seriamente el potencial para una confrontación semejante. El recrudecimiento de las protestas callejeras "bien podrían llevar a situaciones de violencia local, y de llegar a ocurrir esto en tres o cuatro departamentos simultáneamente, el Gobierno se vería en graves dificultades para restaurar el orden".
En este sentido, ICG propone "aplazar la adopción definitiva de la nueva Constitución y el referéndum revocatorio de los cargos públicos electos", así como "establecer un foro amplio con el fin de renovar el diálogo político entre el Gobierno y el partido del presidente Morales, Movimiento Al Socialismo, por un lado, y la oposición, por otro, pidiendo a la OEA, la UE y países europeos claves "sus buenos oficios y apoyo financiero" y afrontar el uso y la distribución de los ingresos del IDH y el estatus de Sucre como capital una vez que se hayan logrado los acuerdos anteriores y se haya enmendado subsiguientemente la Constitución.