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LONDRES, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La organización internacional de defensa de los Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció hoy en un nuevo informe el aumento de la violencia contra las mujeres en Brasil por la crisis de seguridad pública que se vive en las zonas pobres de las ciudades, donde se ven obligadas a vivir, a criar a sus hijos y a luchar por la justicia.
"Para las mujeres de los barrios marginados de Brasil la realidad es catastrófica. Son víctimas ocultas de la violencia criminal y policial que asuela sus comunidades desde hace decenios", denunció Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
El Estado brasileño prácticamente brilla por su ausencia en las comunidades marginadas, por lo que en muchos casos el único contacto que tiene la gente con el Gobierno son las incursiones policiales militarizadas que se producen esporádicamente.
Aunque el Gobierno federal ha puesto en marcha un nuevo proyecto que promete ocuparse de tantos años de negligencia que han contribuido a que exista esa realidad, apenas se ha hecho nada por analizar y abordar las necesidades específicas de las mujeres que viven en esas comunidades.
"En vez de brindarles protección, la policía suele someter a las mujeres a cacheos ilegales, que realizan agentes varones, así como a un lenguaje insultante y discriminatorio y a intimidaciones, especialmente si intentan interceder ante ella para proteger a algún pariente", explicó Cahill.
Las mujeres que luchan por conseguir justicia para sus hijos o esposos acaban en primera línea de fuego, expuestas a sufrir nuevas amenazas y hostigamiento de la policía.
"Sin la presencia del Estado, en la mayoría de las barriadas pobres, los señores de la droga y los jefes de las bandas son la ley. Dispensan castigos y protección y utilizan a las mujeres como trofeos o como objetos de intercambio en sus negociaciones", señaló.
Utilizadas como 'camellos' o como señuelos por las bandas de narcotraficantes, las mujeres son consideradas objetos de usar y tirar tanto por los delincuentes como por los agentes de policía corruptos.
VIOLACIONES
AI asegura conocer casos de mujeres a las que afeitaron la cabeza por ser infieles y obligaron a brindar favores sexuales para pagar deudas. De hecho, un creciente número de mujeres acaban en el superpoblado e insalubre sistema de prisiones, sometidas a abusos físicos y psicológicos, incluida, en algunos casos, la violación.
Los efectos de la delincuencia y la violencia se hacen sentir en la comunidad entera, menoscabando considerablemente la prestación de servicios básicos, como la atención de la salud y la educación. Si en una comunidad, las clínicas están dentro del territorio de una banda rival, las mujeres pueden verse obligadas a recorrer kilómetros para ir al médico.
Los servicios de maternidad, las guarderías y las escuelas pueden estar mucho tiempo cerrados debido a operaciones de la policía o a la violencia criminal. Los trabajadores de la salud y los profesores no se atreven a veces a trabajar en estas barriadas asoladas por la delincuencia.
Las mujeres de las comunidades pobres soportan una tensión increíble. "El Estado viola los derechos de estas mujeres de tres maneras. Apoya prácticas de mantenimiento del orden público que son causa de homicidios, perpetúa un sistema en el que el acceso a la justicia es sumamente difícil, si no imposible, y condena a las mujeres a pasar grandes apuros", denunció.
El Estado brasileño ha tomado iniciativas positivas, como reforzar la protección de las mujeres que sufren violencia doméstica mediante la introducción de la ley de Maria da Penha -que todavía no se aplica en su totalidad-.
A fin de abordar la violencia contra las mujeres, hacen falta con urgencia medidas a largo plazo y de largo alcance, dirigidas a mejorar la vida de las mujeres de las comunidades marginadas.
Por último, Amnistía Internacional pidió al Gobierno que, como primer paso, integre las necesidades de las mujeres en el nuevo plan de seguridad pública, el Programa Nacional de Seguridad Pública con la Ciudadanía.