BRASILIA, 2 Sep. (Reuters/EP) -
Dirigentes oficialistas y de la oposición demandaron ayer la investigación de un informe que indica que la agencia de inteligencia de Brasil espió al jefe de la Corte Suprema y a los legisladores, en un nuevo caso que golpea al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El escándalo difícilmente erosionará la fuerte popularidad de Lula, respaldada en una economía en fuerte expansión, según analistas, pero podría amargar sus relaciones con los poderes Legislativo y Judicial. La revista Veja informó durante el fin de semana de que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) espió al presidente del Tribunal Supremo Federal (STF), Gilmar Mendes, e interceptó sus teléfonos. El semanario publicó lo que dijo era la transcripción de una conversación de Mendes con un legislador.
Según Veja, un agente de Abin que entregó la transcripción, aseguró que tales intervenciones telefónicas ilegales de autoridades eran comunes y que también incluyeron al jefe del Senado y a dos miembros del Gabinete.
Lula se reunió ayer con Mendes y el jefe de Abin por tres horas. La agencia dijo que investigaba las acusaciones, pero tenía confianza en su personal. En la reunión, "el presidente manifestó indignación y preocupación con la posibilidad de que haya existido 'pinchazo'", comentó a la prensa el portavoz de Lula, Marcelo Baumbach.
Dirigentes oficialistas y opositores condenaron el supuesto espionaje como un ataque a la democracia y una vuelta a los días de la dictadura militar de Brasil (1964-1985), cuando los servicios de inteligencia descubrían disidentes, algunos de los cuales fueron torturados o muertos. Los críticos sostienen que Abin, que reporta al asesor de seguridad institucional de Lula, carece de transparencia y controles externos.
"Hay una completa falta de control en el aparato estatal", afirmó Mendes a periodistas. El presidente del Senado, Garibalde Alves, uno de los supuestos blancos de espionaje, reclamó medidas del Gobierno para castigar a los eventuales responsables. "Son necesarias medidas enérgicas, pero la atribución de decidir lo que se hará y con quien es del presidente de la República", aseguró el senador, de un partido integrante de la coalición de Lula.
El senador José Agripino, del opositor partido DEM, dijo por su parte que "la credibilidad de nuestras instituciones ha sido dañada". El partido convocará a los ministros de Justicia y otras autoridades para que declaren en el Congreso, agregó. El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) convocó a su comité ejecutivo para el miércoles a fin de discutir el asunto.
"Este tipo de ataques no sólo es ilegal, es una seria amenaza a los valores democráticos y derechos conquistados por la sociedad brasileña", comentó el jefe del partido, Sergio Guerra. Desde que Lula asumió en enero de 2003, varios miembros de su Gabinete debieron renunciar por escándalos de corrupción, que sin embargo no alcanzaron directamente al presidente, un carismático ex líder sindical.