Publicado 02/04/2014 21:20

Bachelet corrige los fallos de gestión con respecto al terremoto de 2010

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet
PRESIDENCIA CHILE

SANTIAGO, 2 Abr. (Notimérica/EP) -

El último mes del anterior Gobierno (2006-2010) de Michelle Bachelet fue casi seguro el más complicado y convulso de aquella administración, después de que la noche del 27 de febrero de 2010 un terremoto de 8,8 en la escala de Richnter sacudiera Chile afectando en gran medida a siete regiones, así como ocasionando la muerte de 525 personas y la desaparición de otras 25.

Sin embargo, el seísmo sufrido este miércoles en la costa norte de Chile, 21 días después de que Bachelet asumiera por segunda vez el las riendas de La Moneda, ha sido gestionado de otra manera.

El 27 de febrero tras el terremoto que sacudió al país durante más de tres minutos, Bachelet acudió personalmente esa madrugada junto a algunos asesores del Gobierno a las instalaciones de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior (ONEMI), encargada de la planificación y ejecución de medidas frente a situaciones de riesgo.

Esta vez, en cambio, ha optado por coordinar desde La Moneda las gestiones pertinentes de ayuda a los afectados y ha delegado en el ministro de Interior, Rodrigo Peñaililo, y en el subsecretario Mahmud Aleuy, la comparecencia en la ONEMI.

Bachelet reconoció en 2010 que las características de ese movimiento telúrico fue fuente de discusión entre los expertos, pues los organismos especializados no conseguían ponerse de acuerdo en las evaluaciones y consecuencias posteriores, por lo que se optó por utilizar los datos que habían elaborado entre la ONEMI y el Servicio Hidrográfico Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile.

En esta oportunidad, estas dos instituciones han contado con el respaldo de otras entidades internacionales, como el Cetro de Alerta de Tsunamis en el Pacífico de Hawai (PTWC, por sus siglas en inglés), que ha seguido minuto a minuto el avance de las olas y los nuevos seísmos marítimos que se producían en este océano.

DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Una de las críticas más repetidas durante la gestión posterior al terremoto de hace cuatro años fue la dilatada actuación del Gobierno a la hora de sacar a los militares a las calles con el fin de reforzar la seguridad y el orden público, ante la posibilidad de saqueos o episodios violentos propiciados por el caos imperante por entonces.

En la vigente administración, Bachelet ha declarado a la zona afectada por el seísmo como Estado Constitucional de Catástrofe, que otorga de manera excepcional las labores de orden público a las Fuerzas Armadas.

ALERTAS A LA CIUDADANÍA

La población chilena contó durante la madrugada de aquel 27 de febrero de 2010 con la información constante que facilitaban los medios de comunicación.

Cuatro años después, el Gobierno ha iniciado el envío de mensajes de texto a los dispositivos de telefonía móvil a los habitantes de las zonas costeras, así como diferentes alarmas que alerten a estas poblaciones de posibles réplicas u otros movimientos.