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SANTIAGO, 8 May. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Chile tiene previsto presentar el próximo 19 de mayo un informe detallado sobre la actual situación económica, en el cual, no solo se detallará el presupuesto planificado para este año, sino además la cantidad que se destinará para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto que sacudió el norte del país hace poco más de un mes, que se estima se sitúe cerca de los 1.100 millones de dólares.
Las partidas del Gobierno destinadas para tales fines servirán para reconstruir las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso, zarandeadas por el terremoto y asoladas por los incendios que se produjeron posteriormente. Sin embargo, entre ellas no estará el 2 por ciento que la Constitución contempla para subsanar emergencias de este tipo.
La elaboración del informe, que será presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha contado con la participación de las carteras de Vivienda, Salud, Obras Públicas, Educación, Bienes Nacionales, Agricultura, Energía y Trabajo, las cuales presentaron ante la Dirección de Presupuestos (Dipres) las necesidades de financiación a las que deberían hacer frente para intentar paliar la actual situación de catástrofe.
FORMAS DE FINANCIACIÓN
El Ministerio de Hacienda baraja tres posibilidades para conseguir estos 1.100 millones de dólares, los cuales no saldrán, como ya han confirmado desde el Gobierno, del 2 por ciento del total del presupuesto destinado para el este curso, según ha apuntado el periódico chileno, 'La Tercera'.
Sin embargo, la magnitud de esta cantidad hace complicado que sea distribuida solo durante 2014, por lo que se espera que en los presupuestos de 2015 y 2016 existan aún partidas para seguir trabajando en las zonas afectadas.
Hacienda podría obtener esta cantidad de tres maneras distintas; o bien asignando la parte que le corresponda fija en las asignaciones presupuestarias, o a través de los fondos soberanos que gestiona el Banco Central de Chile y que se utilizan para arreglar casos coyunturales de emergencia.
La otra forma que el Gobierno tendría de conseguir el crédito sería a través de la controvertida Ley Reservada del Cobre, una polémica norma aprobada en 1958 y que desde entonces ha servido para financiar a las Fuerzas Armadas, teniendo su máximo esplendor durante la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990).
Sin embargo, para poder acceder a ella, el Gobierno debería solicitar permiso al Parlamento, organismo que parece no se convertirá en obstáculo, tal y como aseguró hace unas semana la Cámara de Diputados, la cual aclaró la predisposición de la Cámara Alta a facilitar cualquier tipo de iniciativa.
El uso de la norma del cobre podría dar así sus últimos coletazos, después de que el actual ministro de Defensa, Jorge Burgos, anunciara el pasado mes de abril la intención del Gobierno de derogar dicha ley a cambio de otras serie de legislaciones que sustituyan las formas alegales por las que hasta ahora se había estado financiando la institución castrense de forma millonaria gracias a la favorable fluctuación de este metal en el mercado internacional.
EL TERREMOTO DEL 1-A
El terremoto se produjo a las 18.46 (hora local) del 1 de abril en el océano Pacífico, específicamente, 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Iquique a unos 20 kilómetros de profundidad. La sacudida se pudo sentir en Perú y Ecuador.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile declaró la alerta de tsunami, ordenando la evacuación del litoral septentrional, lo que obligó a unas 900.000 a abandonar sus hogares, aunque finalmente la alarma fue retirada.
Los derrumbes, los incendios y las inundaciones han evocado el devastador seísmo de hace cuatro años, que originó un potente tsunami que le costó la vida a más de 500 personas, provocando asó las consiguientes reacciones de pánico entre la población.