Publicado 04/04/2014 20:08

Un detenido por disparar los precios de servicios básicos aprovechando el caos generado por el terremoto

Colas en Iquique para comprar provisiones tras el terremoto
REUTERS

SANTIAGO, 4 Abr. (Notimérica/EP) -

Una persona ha sido detenida este viernes por disparar los precios de los productos básicos en la ciudad de Alto Hospicio, ubicada en la región de Tarapacá, aprovechando el caos generado por el terremoto de 8,2 en la escala de Richter que el pasado martes sacudió la costa norte de Chile.

Se trata de Ronald Prudencio Mamami, un boliviano de 26 años de edad que trabaja como conductor de un autobús que cubre la ruta Alto Hospicio-Colchane y que ha subido la tarifa de 3.000 a 20.000 pesos (de 5,4 a 36 dólares) por viaje.

Mamami ha sido detenido por Carabineros en Alto Hospicio cuando estaba gritando las nuevas tarifas de este recorrido, después de que vecinos de esta localidad chilena presentaran la denuncia correspondiente ante las fuerzas de seguridad.

De momento, Mamami es el primer detenido por estos hechos, pero Carabineros ha revelado que, hasta ahora, ha recibido otras 17 denuncias en Alto Hospicio por el alza injustificada de precios y siete en Iquique, la capital regional.

Sin embargo, el mayor de Carabineros Juan Carlos Huilcaman ha advertido de que también se están registrando denuncias falsas. "Ocurrió el caso de una señora que denunció que estaban cobrando 900 pesos (1,6 dólares) por el kilo de pan y era su precio real", ha dicho, en declaraciones recogidas por el diario chileno 'El Mercurio'.

INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

Ayer, el fiscal de Tarapacá, Manuel Guerra, ordenó detener a los especuladores, después de las numerosas quejas de los vecinos de esta región chilena por la excesiva subida en el precio de los productos básicos tras el seísmo.

"La instrucción es que, si sorprenden a personas vendiendo, Carabineros debe proceder a la detención de estas personas, porque la especulación es un delito y vamos a perseguirlo", dijo al diario chileno 'La Tercera'.

Guerra consideró "impresentable el aprovechamiento (por parte de algunos comerciantes) del estado de catástrofe", recordando que la inflación deliberada por un desastre natural conlleva penas de hasta tres años, además de la incautación de toda la mercancía.

El Ministerio Público reaccionó así a la oleada de quejas que los residentes en las localidades afectadas por el seísmo han formulado en los últimos días a través de los medios de comunicación por el ascenso meteórico de los precios.

La intervención de la Fiscalía ha sido necesaria porque, aunque el alcalde de Iquique --capital regional--, Jorge Soria, reconoció el aumento desproporcionado de los precios, no adoptó ninguna medida, limitándose a hacer un llamamiento a los comerciantes.

En Iquique, capital de Tarapacá, los habitantes aseguran que el pan se ha disparado hasta los 2.000 pesos (3,6 dólares), el kilo de pollo hasta los 5.000 (9), el bidón de agua hasta los 7.000 (12,6) y por una vela piden hasta 1.000 (1,8).

EL TERREMOTO

El terremoto de 8,2 en la escala de Richter se produjo a las 18.46 (hora local) en el océano Pacífico, específicamente, 86 kilómetros al noroeste de la ciudad de Iquique a unos 20 kilómetros de profundidad. La sacudida se ha podido sentir en Perú y Ecuador.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile declaró la alerta de tsunami, ordenando la evacuación del litoral septentrional, lo que obligó a unas 900.000 a abandonar sus hogares, aunque finalmente la retiró.

Este terremoto dejó seis muertos y provocó escenas de pánico. Los derrumbes, los incendios y las inundaciones evocaron el devastador seísmo de hace cuatro años, que originó un potente tsunami que le costó la vida a más de 500 personas.

Apenas 24 horas después, se ha producido otro seísmo, esta vez de 7,4 en la escala de Richter, que ha obligado a emitir otra orden de evacuación y alerta de tsunami, que han sido canceladas permitiendo la vuelta de los residentes locales a sus hogares.

En este contexto, la jefa de Estado chilena, Michelle Bachelet, ha declarado la zona de catástrofe, que implica el desplazamiento del Ejército para coordinar la ayuda y garantizar el orden público.