Foto: REUTERS
SANTIAGO, 17 May. (Notimérica/EP) -
La Fiscalía de Chile ha pedido dos años de prisión para seis responsables de los servicios de emergencia acusados por infravalorar la amenaza del tsunami que azotó tras un terremoto la zona centro-sur de Chile la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Las víctimas habían denunciado a los responsables de los servicios de emergencia de la época por no transmitir la alerta del tsunami, lo que provocó que la población permaneciera en las zonas bajas, donde sufrió el envite del mar con resultados devastadores.
Finalmente, la Fiscalía ha solicitado 818 días de cárcel para el exsubsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch; la exdirectora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández Gibbs; el exjefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett Paz; el exdirector del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas Bustos; el exjefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez Olavarría, y el exoficial de guardia del SHOA Mario Andina Medina.
A todos ellos, la Fiscalía les atribuye la responsabilidad como autores de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio por las muertes que tuvieron lugar en las comunas de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco, como consecuencia de la no transmisión de la alerta de tsunami.
En un principio, los tribunales chilenos incluyeron en la investigación a la entonces presidenta del país y actual mandataria, Michelle Bachelet, pero finalmente la sacaron de la causa.
El pasado 31 de marzo la Fiscalía logró condenar al exjefe de turno del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI Osvaldo Malfanti Torres a 541 días de prisión, según ha informado el diario chileno 'El Mercurio'.