Nueva ley deroga normativa impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet
SANTIAGO, 13 Nov. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Claudia Riquelme) -
Tras lograr un acuerdo con la derecha opositora, el gobierno chileno anunció hoy un histórico cambio a la educación, que deroga la ley que estaba vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
La ceremonia de firma del acuerdo, que deberá ser ahora ratificado por el Parlamento, se realizó en el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, y contó con la presencia de dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición de derecha, en un inédito acto que permitirá a Bachelet cumplir con uno de los principales compromisos asumidos durante su campaña presidencial.
La normativa pudo ser elaborada en base a la labor del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, convocado por la propia Bachelet, quien dijo que "hoy es un gran día para Chile".
La médico socialista dijo que el suscrito es "un importante acuerdo político que creo que privilegia y reconoce con mucho orgullo lo que las fuerzas políticas de nuestro país somos capaces de hacer cuando ponemos por delante el interés nacional, cuando entendemos que aquí todos estamos trabajando para los chilenos".
"Lo que hemos visto hoy día es la capacidad de hacer un gran pacto social y político en torno a un tema que es básico para todos nosotros y que es entender cuan importante es la educación en la vida de un pueblo, en su desarrollo, en la capacidad de hacerse cargo de los desafíos que tenemos y sobre todo de hacer un país más justo, que de más oportunidades a cada uno", añadió.
Este acuerdo contempla una nueva Ley General de Educación que deroga de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) dictada durante la dictadura; eleva a rango constitucional la obligación del Estado de entregar educación de calidad y no sólo de velar por el acceso a la educación, además de crear una Superintendencia que fiscalizará que los recursos públicos se destinen a los fines educativos para los que están concebidos, entre otros.
También se aprobó la creación de una Agencia de Aseguramiento de la Calidad Educativa, instituciones que buscan asegurar estándares superiores del aprendizaje que definirán estándares de aprendizaje comunes a todos los establecimientos educacionales y los mecanismos para asegurar el cumplimiento de dichos estándares.
De igual forma, los sostenedores de un establecimiento educacional deberán ser personas jurídicas, poseer giro exclusivo en educación y tendrán que destinar los recursos a todos los factores involucrados en el proceso educativo.
Se implantará un sistema de seguimiento y evaluación, de rendición de cuentas, auditoría y control, respecto de quienes gestionan los establecimientos y respecto del uso de los recursos que les sean transferidos.
Además, se acordó que no habrá selección de alumnos entre el nivel parvulario y el sexto de primaria por razones de rendimiento escolar o por su condicional socioeconómica.