SANTIAGO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Chile ha presentado este lunes su proyecto de reforma de la Ley Antiterrorista, en el que se incluyen, entre otras medidas, la utilización de agentes encubiertos en las operaciones y un límite de tres años del plazo para que la Fiscalía pueda concluir las investigaciones.
El Gobierno de Michelle Bachelet había hecho de esta modificación una de sus grandes promesas de campaña, toda vez que la Ley Antiterrorista actualmente vigente había sido duramente criticada por organizaciones de Derechos Humanos que la consideran obsoleta y excesiva.
El ministro del Interior y de Seguridad Pública chileno, Rodrigo Peñailillo, ha explicado los cambios a los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, con quienes se ha visto en el Palacio de La Moneda.
Según el ministro, el objetivo es redactar una "ley eficaz" que "persiga a los terroristas y que los sancione", informan los medios locales. El proyecto, en el que según el Gobierno han entrado propuestas de la oposición, será tramitado en el Congreso por vía de 'urgencia simple'.
Entre las novedades introducidas figura la posibilidad de utilizar agentes encubiertos en las investigaciones si así lo autoriza un juez a solicitud de la Fiscalía. Este agente deberá ser miembro de la Policía y quedará exento de cualquier responsabilidad penal que haya podido cometer en el marco de su labor, siempre y cuando no se extralimite de la orden judicial y forme parte del desarrollo de la operación.
Por otra parte, la ley planteada también introduce un plazo máximo de tres años para que el Ministerio Público concluya sus pesquisas. La Fiscalía no podrá revelar datos de las investigaciones, aunque los casos secretos deberán figurar dentro de una categoría especial.
LEY DE PINOCHET
La Ley Antiterrorista chilena data de la dictadura de Augusto Pinochet y contempla más poderes para la Fiscalía y sentencias más duras. El Gobierno quiere ahora que deje de ser una legislación especial y, en cambio, figure dentro del Código Penal.
Las autoridades del país sudamericano han recibido críticas en el pasado por utilizar esta normativa contra los indígenas mapuches, que reivindican sus derechos en la zona sur, aunque en los últimos meses su uso ha quedado reducido a una serie de atentados que han devuelto a Chile el fantasma del terrorismo.