Foto: REUTERS
SANTIAGO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha defendido su derecho a opinar sobre las decisiones judiciales, después de que el titular de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, le criticara por cargar contra el fallo sobre el líder indígena Celestino Córdova.
"Como el presidente de la Corte Suprema tiene derecho a defender a sus jueces, el presidente del país tiene derecho a defender a las víctimas y a todos los compatriotas que quieren y merecen vivir en paz", ha dicho este domingo desde la Región Metropolitana.
Sin embargo, ha subrayado que "el Gobierno respeta, reconoce y protege la independencia de los distintos poderes del Estado, porque eso es parte esencial de un Estado de Derecho", según informa el diario chileno 'El Mercurio'.
Piñera ha contestado a Muñoz que, en el marco de la inauguración del año judicial 2014, subrayó que "a los jueces se les debe defender y cuidar, dejando claro que puede existir la posibilidad de que se equivoquen, y que para ello están los recursos legales".
Muñoz consideró que cuando las opiniones proceden de otros poderes "el tema es más sensible, puesto que es posible que ello redunde en respuesta de parte de los jueces en los mismo términos, con lo cual se produce un espectáculo indecoroso en el Estado".
"Los tribunales aplican la ley con autonomía y deben hacerlo con altura de miras, e incluso sobreponerse a estos cuestionamientos políticos", dijo, aludiendo a las críticas del Gobierno por el fallo sobre el caso Córdova.
CASO CÓRDOVA
La Justicia chilena condenó el pasado viernes a 18 años de cárcel a Córdova por la muerte del matrimonio formado por Werner Luchsinger y Vivian Mackay en el incendio que, según ha determinado, provocó en su finca de La Araucanía.
El pasado 20 de febrero, el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco declaró culpable a Córdova de un delito de incendio con resultado de muerte y dejó para el pasado viernes la publicación del fallo con la pena concreta contra el líder mapuche.
El caso se remonta al 4 de enero de 2013, cuando Córdova incendió la finca del matrimonio Luchsinger-Mackay, que murió a causa del mismo. Tras la detención del líder mapuche, la Fiscalía solicitó procesarle por esta causa y por la de Seco-Fourcade.
Así, el órgano jurisdiccional se pronunció también sobre el atentado cometido en el Fundo Santa Isabel, perteneciente a la familia Seco-Fourcade, considerando probados los hechos, pero no la participación de Córdova en los mismos.
DECEPCIÓN EN EL GOBIERNO
"Aspirábamos a una pena mayor, porque como Gobierno pensamos que en Justicia correspondía una pena mayor, dada la gravedad y lo dramático del significado del crimen de un matrimonio de la tercera edad", dijo el ministro de Interior, Andrés Chadwick.
Por ello, anunció que el equipo jurídico del Gobierno "va a estudiar con detenimiento los fundamentos del fallo para determinar si existe o no algún tipo de error jurídico o razonamiento que merezca una interpretación distinta de la que ha hecho el tribunal y para determinar también si procede o no un recurso de nulidad".
El Gobierno de Piñera ya expresó su descontento con el veredicto cuando el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco descartó el carácter terrorista de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, desechando así los argumentos del Ministerio Público.
CONFLICTO MAPUCHE
La causa contra Córdova se ha convertido en el buque insignia de la lucha del Gobierno de Sebastián Piñera contra la violencia mapuche en La Araucanía, por lo que se ha seguido con gran expectación en el país sudamericano.
La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche, que desde hace años exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento por parte del Gobierno chileno.
Las autoridades chilenas han negado estas acusaciones y, por el contrario, han apuntado a los nativos como los responsables de numerosos incidentes violentos en la zona, como ataques a fincas y a sus propietarios.