Actualizado 15/05/2008 04:53

Colombia.- La CIDH asegura que la extradición de los "paras" colombianos impide esclarecer los crímenes que cometieron

BOGOTÁ, 15 May. (Reuters/EP) -

La extradición a Estados Unidos de 14 jefes paramilitares de Colombia limita la aclaración de crímenes e interfiere esfuerzos para determinar nexos de agentes del Estado con esos escuadrones, afirmó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Gobierno del presidente Alvaro Uribe extraditó el martes a la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que respondan por cargos de narcotráfico y lavado de dinero ante la justicia de Estados Unidos, tras acusar a sus miembros de incumplir con los acuerdos de una negociación de paz.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia", indicó la CIDH en un comunicado.

"La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares", agregó el organismo en su comunicado desde Washington.

CONTESTACIÓN DE URIBE

Aun así, Uribe dijo que ninguno de los crímenes cometidos por los antiguos jefes paramilitares, entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, Rodrigo Tovar Pupo y Hernán Giraldo Serna, quedará impune. La CIDH denunció por su parte que la extradición cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado.

"Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", agregó la Comisión. Sin embargo, Uribe insistió en que acordó con Estados Unidos el acceso de funcionarios judiciales y de las víctimas para el esclarecimiento de los crímenes.

El presidente afirmó asimismo que las riquezas que eventualmente entreguen los antiguos paramilitares a las autoridades estadounidenses se utilizarán para indemnizar a sus víctimas. "Se ha hablado (...) que el Estado y el pueblo colombiano tendrán todas las facilidades para acceder a las pruebas que en los Estados Unidos tengan en estos juicios, para practicar las diligencias necesarias, a fin de obtener todas las pruebas que se requieren en los juicios de Colombia", dijo Uribe.

Una razón que expuso Uribe para justificar la extradición de los ex comandantes fue que estaban ocultando sus fortunas, que debían destinar a reparar a las víctimas de sus crímenes. La Policía Nacional informó de que ocupó 89 propiedades de Mancuso valoradas en 25 millones de dólares y que hasta el momento no habían sido reportadas.

Además de las críticas de organizaciones de derechos humanos y de las víctimas de los paramilitares, los críticos de Uribe han sugerido que con la extradición busca poner fin a la investigación de la Corte Suprema de Justicia por los vínculos de congresistas aliados del presidente con los paramilitares, versión que el Gobierno niega.