Foto: COLPRENSA/ALVARADO LOZADA, MAURICIO
BOGOTÁ, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado colombiano que entregue en un plazo de tres días toda la información que posea sobre el proceso contra el hasta ahora alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
"CIDH pide información al Estado colombiano sobre la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá", ha anunciado el ex guerrillero del M19 a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.
La Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi Mershed, ha enviado una solicitud al Ministerio de Exteriores de Colombia para que "envíe las observaciones que considere pertinentes, en particular sobre la situación actual del proceso, los recursos disponibles y su posición sobre la solicitud de medidas cautelares".
El organismo regional ha dado a Colombia tres días para responder a esta solicitud, como es habitual en este tipo de procedimientos, pero, dado que el comunicado tiene fecha del 7 de enero, el plazo expirará mañana.
La solicitud de Abi Mershed obedece al proceso que Petro inició el pasado mes de diciembre ante la CIDH para que dictara medidas cautelares al considerar que con su destitución e inhabilitación se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
La CIDH ya advirtió entonces de que para adoptar cualquier decisión sobre este caso antes se deberán agotar las instancias nacionales, por lo que el proceso seguirá parado hasta que haya una decisión firme en Colombia.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se ha reunido con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, ha aclarado que será neutral.
REVOCATORIA
Al margen de este asunto, el próximo 2 de marzo se celebrará una consulta popular para decidir sobre la continuidad de Petro en el Gobierno de la capital colombiana, conforme al dictamen de la Registraduría.
El pasado 18 de abril, el gobernante Partido de la 'U' presentó una solicitud de revocatoria contra Petro ante la Registraduría al considerar que no ha cumplido el programa de Gobierno con el que se presentó a las elecciones municipales.
Petro y su círculo político han promovido un sinfín de acciones legales para impedir esta consulta popular. Sin embargo, ahora podría serle de gran utilidad para evidenciar el respaldo popular con el que cuenta de cara al proceso que se sigue en la Procuraduría.