MEDELLÍN, 31 Ago. (EP/AP) -
Cientos de ex paramilitares mostraron hoy su apoyo a dos de los antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los cuales fue excluido por el Ejecutivo de Álvaro Uribe del proceso de paz al descubrirse que presuntamente continúa en el negocio del tráfico de drogas tras su desmovilización.
El director ejecutivo de la Corporación Democracia, Luis Piedrahita, --organismo que aglutina a combatientes de las AUC-- que depusieron las armas, declaró a AP que la actividad consistió en una misa que es parte de "unas jornadas de reflexión por el proceso de paz en el país".
Sin embargo, los cerca de 300 asistentes a la ceremonia desplegaron pancartas de apoyo a Carlos Mario Jiménez y Diego Murillo, dos ex comandantes paramilitares que recientemente fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad por orden de las autoridades.
Jiménez, conocido como 'Macaco', fue también excluido del proceso de paz y el gobierno dijo que había empezado los trámites para extraditarlo a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos de narcotráfico, como represalia por haber detectado que continuaba delinquiendo desde la prisión de Itagüí, en la que se concentran los jefes paramilitares incluidos en el proceso de paz.
"Carlos Mario Jiménez y Diego Fernando Murillo son hombres comprometidos con la paz", indicaba un asistente. "¿Y ahora quien seguirá? van a dejar este proceso de paz sin dirigentes", era otro de los mensajes mostrados por los asistentes a la homilía, realizada en una plaza al aire libre de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, a unos 250 kilómetros al norte de Bogotá.
La intención del evento "es mostrarle a la ciudad que el compromiso del proceso de paz lo sostiene y pedir (a Dios) que siga su rumbo como ha venido hasta hace unos días e ilumine a nuestros ex comandantes y a nosotros", indicó Piedrahita.
Murillo, alias 'Don Berna', y Jiménez dirigieron los grupos paramilitares que operaban en la ciudad de Medellín hasta su desmovilización en el proceso de paz con el gobierno de Uribe que supuso la desmovilización de unos 31.000 combatientes.
Los ex comandantes están presos sujetos a un proceso judicial que otorgará condenas máximas de ocho años de cárcel por los crímenes que cometieron, con la condición de que ellos confiesen todos los delitos que cometieron, reparen los perjuicios a sus víctimas y cesen sus actividades criminales, incluida la del narcotráfico.
Aparte de Jiménez y Murillo, otros ex paramilitares son requeridos por la justicia de Estados Unidos por traficar drogas hacia ese país, pero el gobierno colombiano suspendió los trámites de extradición como otro beneficio por sujetarse al acuerdo de paz.