MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los integrantes españoles de la misión internacional de observación de trece especialistas que viajaron a Colombia para analizar las casi 1.000 ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo en el país desde 2002, Mauricio Valiente y Enrique Santiago, denunciaron hoy en un acto en Madrid que "las fuerzas del Estado ejecutan extrajudicialmente" a campesinos "de todos los ámbitos geográficos" y hacen ver que son "insurgentes dados de baja en combate".
El informe elaborado por los trece especialistas revela que las fuerzas estatales colombianas, "sean policías o militares", tienen un 'modus operandi' muy concreto y estudiado para las ejecuciones que provoca una "falta de transparencia". En todas ellas existen patrones comunes como la declaración de "muertos en combate" de las víctimas, pues se efectuaban en zonas donde existe insurgencia y el levantamiento de los cuerpos por los mismos verdugos, con la consiguiente ocultación de los cadáveres y las pruebas. Las familias de los ejecutados, quedan impedidos así de reconocer los cuerpos o de mandar peritos privados para la evaluación de las pruebas.
Además, el estudio denuncia que la Fiscalía colombiana "no reclama la competencia" para juzgar los casos, lo que tiene como consecuencia "el desamparo de las familias", que reclaman la "participación de la Justicia" y responden a menudo "con actos de venganza y criminalización".
Los activistas aprovecharon la convocatoria de medios para presentar el informe que han hecho llegar al Gobierno de Álvaro Uribe y a buena parte de la comunidad internacional y en el que les recomendaron tomar ciertas medidas. En el acto también estuvo presente Wilson David Higuita, un representante de los campesinos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, "la única organización que ha denunciado todas y cada una de las ejecuciones". Higuita declaró que "el Gobierno quiere exterminar" a su comunidad para que fuera de sus fronteras no se vea la "situación de guerra" que vive Colombia, pues Uribe prefiere presentarlo como "un problema de narcotráfico".
Por estos motivos, la comisión de especialistas, apoyados por numerosas ONG de Derechos Humanos (DDHH) ha enviado al Gobierno de Colombia una serie de recomendaciones técnicas y jurídicas. El propio ministro de Justicia, Carlos Holguín, ha admitido esta "realidad", aunque no se ha mostrado de acuerdo con las cifras. Entre los consejos figuran la petición de que se preserven las evidencias físicas de las ejecuciones, que sea siempre el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) el que registre la escena del "crimen" y que acuda un "juez de garantías".
Valiente, que se felicitó de que el Senado haya paralizado la financiación a las fuerzas militares "con mención expresa a las ejecuciones", también pidió a Bogotá que "deje de relacionar los hechos con la insurgencia porque pone a las ONG de DDHH en el punto de mira de los insurgentes".
Los trece especialistas también han pedido ayuda a parte de la comunidad internacional, fundamentalmente a países europeos y a Estados Unidos. En España, aunque todos los partidos han recibido el informe, no ha habido declaraciones oficiales al respecto. Mientras, en otros países el informe ha tenido una "incidencia grande" en muchas asociaciones de carácter religioso y social.