Actualizado 14/01/2014 16:52

FARC proponen "sustituir el uso ilícito" de cultivos coca o marihuana

PROCESO DE PAZ
Foto: ENRIQUE DE LA OSA / REUTERS

Defienden las cualidades medicinales y alimentarias de estas plantas y que el proceso de sustitución sea voluntario

   BOGOTÁ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han presentado este martes su propuesta para un 'Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana', en el que plantean que en lugar de luchar contra estos cultivos se busquen los medios para regularlos o sustituirlos.

   El encargado de presentar la propuesta en el marco del proceso de paz con el Gobierno colombiano en La Habana ha sido Pablo Catatumbo, uno de los negociadores de la guerrilla.

   El proyecto prevé "regular la producción y el mercado de la hoja de coca, la amapola y la marihuana, con base en el reconocimiento de las cualidades alimenticias, medicinales, terapéuticas y culturales, a definir en cada caso, así como sus posibilidades artesanales e industriales", ha explicado el guerrillero, según informa la prensa colombiana.

   Las FARC han propuesto, a través de un documento leído por Catatumbo, la creación de un 'Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana', que estaría financiado por el Estado y que reemplazaría la prohibición por 'sustitución voluntaria'.

   "En ese sentido, más que combatir la producción, de lo que se trata es de regularla o de sustituirla, según el caso", defiende la guerrilla, según recoge el diario 'El Tiempo'.

CARÁCTER VOLUNTARIO

   "Un fundamento indiscutible de esa salida se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad política de las comunidades campesinas de transitar caminos alternativos, a fin de generar condiciones para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, su buen vivir", subraya la guerrilla.

   Este programa debería formar parte del Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno del país y para su ejecución debería hacerse, según las FARC, un "reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina". Asimismo, precisa que las zonas en las que se procediera a sustituir los cultivos ilícitos serían definidas "con la participación directa de las FARC y de las comunidades involucradas".

   Dichos territorios "serán excluidos de cualquier proyecto de minería a cielo abierto y gran escala, o de exploración y extracción de hidrocarburos", puntualiza la guerrilla, que desde hace más de un año negocia en La Habana con el Gobierno de Juan Manuel Santos un acuerdo de paz que ponga fin a más de cinco décadas de conflicto.

DESMILITARIZAR LAS ZONAS

   Asimismo, la guerrilla deja claro que las zonas donde se proceda a sustituir los cultivos deberán estar fuera de cualquier tipo de actividad militar por parte del Estado y debe haber "garantías y condiciones de seguridad para la población campesina que habita los territorios y las zonas objeto del programa".

   "La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles", aclaran las FARC en el citado documento.

   Según la agencia oficial Colprensa, ha guerrilla ha aclarado que la propuesta formulada hoy se fundamenta en el "plan piloto para Cartagena del Chairá (Caquetá), presentada por el comandante 'Manuel Marulanda Vélez' en San Vicente del Caguán, el 16 de junio de 2000". Las FARC se refieren así a uno de los líderes históricos de la guerrilla, 'Tirofijo', muerto en 2008.

   Asimismo, aclara que el documento propone la creación de un fondo de financiación cuyos recursos procederían de los gastos que se ahorraría el Estado en seguridad y en la erradicación de estos cultivos, de las contribuciones de la comunidad internacional, así como de los bienes incautados al narcotráfico.

   También reclama la creación de un organismo de seguimiento, una "veeduría internacional" que estaría integrada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la Unasur y de la comunidad académica.