Actualizado 17/12/2013 22:28

Piden prisión preventiva para imputados de Interbolsa

BOGOTÁ, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía colombiana ha tachado a la entidad financiera Interbolsa de "organización criminal de cuello blanco" en su argumento para ratificar el encarcelamiento preventivo de siete altos funcionarios de la comisionista de Bolsa, según la delegada del juzgado 64 municipal de Control de Garantías.

   En la audiencia, la Fiscalía ha reiterado su solicitud de que Rodrigo Jaramillo, Alessandro Corridori, Javier Tomás Villadiego, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Carlos Arturo Neira y Mauricio infante Niño sean encarcelados de forma preventiva por su presunta participación en la bancarrota de Interbolsa.

   Solo dos funcionarios de Interbolsa se han visto eximidos de la petición de la Fiscalía, que estima que "existen elementos materiales probatorios suficientes para asumir la posible existencia de una organización criminal de cuello blanco", según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.

   La trama, según la Fiscalía, se constituyó a lo largo del año 2011 y "tuvo una permanencia hasta el año 2012". Durante este periodo, "realizaron conductas punibles que afectaron no sólo la seguridad pública, sino que perjudican el orden económico y social", ha razonado la delegada.

   La defensa ha cuestionado la validez de las pruebas que sustentan estas peticiones de la Fiscalía. El abogado de uno de los investigados, Mario Iguarán, no rechaza la imputación de su cliente ni la solicitud de prisión preventiva pero pone en duda la "objetividad" del informe acusatorio.

   La Fiscalía colombiana imputó esta semana al expresidente de Interbolsa Rodrigo Jaramillo Correa por los delitos de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir.

   El proceso judicial dirime las responsabilidades de nueve directivos, funcionarios y empleados de Interbolsa en la pérdida de 340.000 millones de pesos en operaciones financieras fraudulentas y gestión desleal de activos.