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BOGOTÁ, 28 Abr. (Notimérica/EP) -
El ministro de Agricultura de Colombia, Rubén Darío Lizarralde, ha advertido este lunes de que el Gobierno no tolerará ningún tipo de medida de presión durante el paro agrario fijado para este lunes por los principales movimientos campesinos, ya que "se debe a los colombianos", cuya "gran mayoría no acepta este tipo de manifestaciones en este momento".
"Se trata de mantener el orden en el país. Expresarse, marchar, hacer caravana, cualquiera tiene esa oportunidad, pero bloquear, acudir a situaciones de violencia por supuesto que no", ha señalado Lizarralde, en consonancia con el presidente del país, Juan Manuel Santos, quien también se ha manifestado durante las últimas horas en este mismo sentido.
El ministro de Agricultura ha señalado que no permitirán ningún tipo de medida que imposibilite la normalidad de las actividades del resto de trabajadores, como ya sucediera durante el anterior paro agrario convocado el pasado mes de agosto y durante cuya duración, de un mes, hubo ocho muertos, más de 400 heridos y 500 detenidos, así como múltiples casos de violaciones de los Derechos Humanos, como detenciones arbitrarias y desapariciones.
Lizarralde ha recordado los "esfuerzos y el trabajo" del Gobierno por intentar revestir la situación del campo en Colombia, una cuestión de Estado cuya gestión ha sido criticada ya no solo por los movimientos campesinos, sino también por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes siempre han reivindicado el reparto equitativo de las tierras como una de sus principales motivaciones.
Sin embargo, la guerrilla ya ha negado cualquier tipo de implicación en las nuevas movilizaciones, las cuales ya fueron anunciadas hace una semana por los principales líderes de los sectores más afectados por las medidas del Gobierno, los cafeteros y los productores de papa.
MOTIVACIONES DEL CAMPESINADO
Las protestas de los trabajadores del campo responden a la tardanza, e incluso incumplimiento, de las medidas prometidas por el Gobierno tras el último paro agrario, el cual contó con una amplia participación de las principales organizaciones campesinas, así como de otros sectores de la sociedad civil, como el de la educación y la sanidad.
Sin embargo, como viene siendo habitual durante las huelgas del campo, la escasa centralización de los movimientos acaba pasando factura y los propios organizadores reconocieron que, pese a las numerosas marchas, movilizaciones y apoyo popular en más de 25 departamentos de todo el país, el resultado no fue el deseado, pues en numerosas regiones colombianas el impacto fue menor del esperado.
En esa ocasión, los labriegos protestaron por la precariedad de su situación, se estima que unos 14 millones de personas que viven de este sector son pobres y más de un millón carece de tierras, la cual estaba empeorando en gran medida por el Tratado de Libre Comercio que el Gobierno firmó con Estados Unidos, que obliga al uso de semillas extranjeras para los cultivos.
También protestaron por la escasa repercusión de las medidas del Gobierno, entre las cuales estaba la rebaja del coste de las materias primas, el principal acicate de la anterior movilización, así como el aumento de los precios a pagar a los productores de diversos productos nacionales, como la cebolla, la papa, o la leche, para su posterior exportación.
Asimismo, el empuje de la Federación Nacional de Cafeteros resultó fundamental, pues fue de las primeras organizaciones en levantar la voz ante el impago por parte del Gobierno del subsidio de Protección del Ingreso Cafetero (PIC).