BOGOTÁ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Colombia ha anunciado este jueves el cese de dos miembros de la Policía Nacional por su presunta implicación en los contratos irregulares realizados por las fuerzas de seguridad del país iberoamericano.
Según fuentes gubernamentales citadas por el diario colombiano 'El Tiempo', el Ministerio de Defensa ha aceptado la dimisión de los dos policías nacionales, después de que desde los altos cargos de esta cartera se les sugiriera que abandonaran el cargo.
Se trata del general Janio León Riaño --hermano del ex director de la Policía Nacional José Roberto León Riaño--, que hasta ahora era jefe de Planeación, por lo que por sus manos pasaban la mayoría de los contratos del cuerpo de seguridad.
En el caso de León Riaño, la destitución ha cogido por sorpresa a los colombianos, porque había sido nombrado jefe de la nueva Unidad Contra la Minería Ilegal y el Terrorismo, que será lanzada en las próximas semanas.
El otro afectado es el general Gustavo Adolfo Ricaurte, en cuyo caso las acusaciones de corrupción se centran en su etapa como director del Instituto Penitenciaria y Carcelario (Inpec).
Son los primeros miembros de la Policía Nacional en abandonar el cargo después de la purga que ha tenido lugar en la última semana en las Fuerzas Militares por los numerosos escándalos de corrupción que han salpicado a los uniformados.
PURGA MILITAR
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha explicado este jueves que se trata de mandar un mensaje de "cero tolerancia" con la corrupción y las violaciones de los Derechos Humanos "para fortalecer las instituciones".
"Por eso se toman estas medidas, siempre pensando en fortalecer las instituciones militares y policiales, en hacerlas más fuertes y que en ese sentido tengan el afecto de todos los colombianos", ha dicho desde Suriname, donde está de visita oficial.
No obstante, el titular de Defensa ha subrayado que algunos de los altos cargos militares que se han ido "son gente extraordinaria, llena de logros, que ha contribuido mucho".
'FALSOS POSITIVOS'
La revista colombiana 'Semana' denunció que altos cargos del Ejército desviaron dinero público para comprar el silencio de los presos por 'falsos positivos', como se conoce popularmente a las ejecuciones de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate.
De acuerdo con 'Semana', la Comisión de Acusaciones del Congreso analiza cientos de horas de grabación en las que el coronel Robinson González del Río --preso por 'falsos positivos'-- aparece cuadrando contratos y pagos.
Las grabaciones son parte de la investigación por prevaricación contra el ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga por favorecer a González del Río para que su caso por un 'falso positivo' pasara de un tribunal ordinario a uno militar.
Las conversaciones se produjeron entre 2012 y 2013 y salpican a una docena de altos cargos militares, entre generales, tenientes coroneles y coroneles, que hacen referencias explícitas a la asignación de contratos millonarios y a 'mordidas' de hasta el 50 por ciento.
Villarraga dimitió el pasado mes de noviembre de su cargo para alejar de la atención mediática el proceso judicial al que se enfrenta, mientras que González del Río está recluido en una base militar de Bogotá por el homicidio de dos campesinos.
'OPERACIÓN ANDRÓMEDA'
Esta supuesta red de corrupción en el Ejército se suma al escándalo por la 'Operación Andrómeda', con la que entre agosto de 2012 y octubre de 2013 el cuerpo militar habría espiado a los miembros de las delegaciones de paz, así como a opositores, periodistas y empresarios.
"Averiguaremos hasta dónde ha podido llegar el uso ilícito de nuestros servicios de Inteligencia, así como aquellas fuerzas oscuras que estén interesadas en interceptar a nuestros negociadores", dijo el presidente colombiano.
Por su parte, el ministro de Defensa anunció la destitución del jefe de Inteligencia del Ejército, el general Mauricio Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), el general Óscar Zuluaga.
Pinzón aseveró que la Justicia Penal Militar hará lo propio con los militares involucrados y que la Fiscalía General abrirá una indagación por la presunta extralimitación de funciones de quienes participaron en este plan.