BOGOTÁ, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Una comisión integrada por autoridades sociales, sanitarias y por el Defensor del Pueblo investigan si la intoxicación de 18 indígenas de Orito, en la región colombiana de Putumayo, están relacionadas con las fumigaciones aéreas con glifosato que en el mes de julio emprendieron en la zona las autoridades de ese país para erradicar cultivos de coca.
Los campesinos y grupos de indígenas de esa región protestan también por la exigencia de las autoridades de demostrar la propiedad de sus tierras para poder recibir indemnizaciones por los perjuicios por las fumigaciones y han anunciado movilizaciones.
La Policía Antinarcóticos anunció el pasado 13 de julio que se realizaría aspersiones con el citado químico en Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán.
"Sin embargo, ha fumigado en Orito y San Miguel, en el Valle del Guamuez. Le pedimos al Gobierno un programa de reconversión económica y un plan de seguridad alimentaria. Que por cada hectárea de coca erradicada nazca un cultivo lícito", dijo el gobernador del Putumayo, Jesús Fernando Checa.
Checa pidió a las autoridades nacionales que no dejen solos a los campesinos, quienes denunciaron las fumigaciones que abarcarán cerca de 15.000 hectáreas con glifosato y 5.000 más, que ya han sido erradicadas de forma manual.
Según indicó al diario colombiano 'El Tiempo' el comandante de la Policía de Putumayo, el coronel Harold Martín Lara, sostiene que el inconformismo está avivado por los grupos armados y los narcotraficantes puesto que "la política ha sido contundente".
Lara consideró además que el hecho de que se anuncien fumigaciones en determinados lugares, no significa que no lleguen a otros cultivos.
Por su parte, el ministerio de la Protección Social informó de que el miércoles envió a un médico experto en toxicología que tratará de determinar si la intoxicación de 18 indígenas que acudieron al centro médico de Valle del Guamuez, es producto del glifosato.
También la gerente de Salud de Putumayo, Gloria Guerrero, y el Defensor del Pueblo, Carlos Martínez, han creado comisiones de investigación para esclarecer los hechos.
Según datos oficiales, más del 70 por ciento de los poseedores de tierras en Putumayo no tienen títulos de propiedad, lo que complica sus reclamaciones por posibles perjuicios por las fumigaciones.