CARACAS, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Cerca de medio millar de personas participaron ayer en una audiencia, convocadas por el Congreso de Colombia, autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para debatir un proyecto de ley que las proteja.
Esta fue la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país. La mayoría de las víctimas de la violencia en el país sufren por el desplazamiento forzado. Los reunidos eran mujeres y hombres humildes, muchos de ellos campesinos e indígenas, informaron los medios en declaraciones recogidas por Europa Press.
La cita se realizó en el coliseo de Valledupar, la capital del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda en los últimos años.
Se trataba de personas que han sufrido muertes, desapariciones, torturas, secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, despojos de bienes, ataques y amenazas de los grupos paramilitares de derecha. Todos ellos acudieron ya que esperan mejorar un proyecto de ley que busca crear un estatuto de protección de las víctimas.
VÍCTIMAS
Más de 3 millones de personas se encuentran en esa situación en Colombia a causa de la violencia que azota el país. Han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación. A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas por la fuerza, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social.
Además, el gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, reconoció las atrocidades que se han cometido en la región. Moreno elogió a quienes esa mañana se habían atrevido "a enfrentar los propios temores" y admitió que aún "perviven algunos estamentos de nuestro entorno institucional marcados por alianzas y permeados por la presencia de actores criminales".
"Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", añadió el gobernador, cuyo antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares. Entre los que hablaron, uno de ellos fue Juan Carlos, un hombre que reconoció que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios".
De hecho, algunas de las personas que llegaron al coliseo no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales. Después habló una mujer joven, del departamento de Bolívar y pidió "hechos y acciones claras". "No están llegando las ayudas a las víctimas. Por favor, ayúdennos a que se cumplan las leyes", dijo el hombre.
El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia. El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido esa reparación.