Actualizado 17/12/2013 22:26

El jefe del Ejercito: "Nicaragua no tiene por qué notificar nada a Colombia"

Ejército de Nicaragua
Foto: REUTERS

MANAGUA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, ha afirmado que Nicaragua "es un país soberano, que toma sus propias decisiones" y que, por lo tanto, "no tiene por qué notificar nada a Colombia", tras la demanda que el país centroamericano ha presentado contra su vecino ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

   En concreto, Nicaragua ha interpuesto esta semana otra demanda ante la CIJ para que juzgue a Colombia por violar su obligación internacional de "abstenerse del uso de la fuerza". También ha pedido a La Haya que juzgue a su país vecino por irrumpir en el territorio marítimo nicaragüense, que el alto tribunal atribuyó al país centroamericano en su sentencia del 19 de noviembre de 2012.

   El alto oficial ha hecho estas declaraciones este miércoles, tras realizarse el homenaje al Soldado de la Patria, en el que también se ha referido al ingreso de las tropas extranjeras que llegarán al país entre enero y julio del próximo año.

   "El objetivo es realizar actividades de adiestramiento, distribuir ayuda humanitaria en lugares lejanos y realizar patrullaje para contrarrestar el narcotráfico en el país", ha apostillado, tal y como ha recogido el diario nicaragüense 'El Nuevo Diario'.

   En este acto participaron miembros del Ejército, la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y miembros de la Policía Nacional. Asimimso, se han otorgado condecoraciones a oficiales destacados de la institución castrense.

COLOMBIA LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADORA

   El Gobierno de Colombia ha llamado a consultas a su embajadora en Managua, Luz Stella Jara, según ha anunciado la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, quien denuncia que denunciado que "es imposible tener un diálogo con Nicaragua".

   "Es un pésimo vecino", ha sostenido, explicando que Managua ha ido a la CIJ sin tratar antes con Bogotá los problemas bilaterales. "Nos lo notificaron ayer (martes) y responderemos cuando corresponda", ha dicho la jefa de la diplomacia colombiana, confirmando lo que los medios de comunicación locales han publicado en los últimos días.

DISPUTA TERRITORIAL

   El conflicto obedece al fallo emitido el 19 de noviembre de 2012 por la CIJ, que reconoce la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , pero al mismo tiempo amplía la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas en todos los puntos de la línea limítrofe.

   Entonces, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, consideró que la decisión del alto tribunal sobre las aguas nicaragüenses era un "error" y presentó una "estrategia integral" contra "el expansionismo nicaragüense".

   Santos explicó que el fallo "no es aplicable" porque, según la Carta Magna y la interpretación de la Corte Constitucional, cualquier modificación del territorio colombiano debe producirse a través de un tratado internacional ratificado por el Congreso.

   También argumentó que la decisión del alto tribunal tampoco es aplicable porque "desconoce por completo los tratados internacionales suscritos por Colombia con Costa Rica, Panamá y Jamaica, que está obligado a cumplir".

   Además, emitió un decreto para reafirmar la unidad de la plataforma continental y de la zona contigua del territorio continental e insular colombiano, lo que permitirá al país seguir ejerciendo sus derechos soberanos sobre una extensa área del mar Caribe Occidental.

   En cambio, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha considerado que la decisión judicial es una "victoria nacional" y ha rechazado celebrar un tratado con Colombia, insistiendo en que el fallo de la CIJ es de aplicación directa y obligatorio cumplimiento.

   La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas, ya ha advertido de que el país centroamericano podría acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para obligar a Colombia a cumplir la decisión judicial.