BOGOTÁ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bogotá Gustavo Petro ha denunciado este miércoles que el magistrado que hará la nueva ponencia de la tutela solicitada para revocar su destitución e inhabilitación por 15 años es "amigo íntimo" del procurador general, Alejandro Ordóñez, quien decidió su expulsión del Gobierno municipal.
"Nueva ponencia que recorta la opción de la tutela cómo instrumento para defender los derechos políticos, la hará quien es amigo íntimo de Ordóñez", ha escrito este miércoles en su cuenta oficial de la red social Twitter.
Además, ha calificado de "mayoría inestable" la alcanzada ayer por los magistrados del Consejo de Estado, que por catorce votos en contra y once a favor tumbó la tutela para revocar su destitución e inhabilitación.
"Ayer en cuatro horas el Consejo se Estado realizó dos votaciones contradictorias: en la primera avaló la tutela cómo procedente y luego dijo que no", ha recordado. "Tal es la arbitrariedad de la decisión de Ordóñez que el Consejo de Estado, su casa, quedó dividido", ha dicho.
Si bien, el edil capitalino ha expresado su agradecimiento "a todos los magistrados que con tanta valentía, han defendido, ante la arbitrariedad, los principios fundamentales de la democracia colombiana".
Petro ha insistido en que se trata de una represalia "por ser un gobernante progresista". "De los que hicimos la Paz en 1989, a Carlos Pizarro lo asesinaron, a Navarro le destruyeron el cuerpo y a mi me inhabilitan y destituyen", ha indicado.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó una tutela ante el Consejo de Estado, que ya ha quedado resuelta, y un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez.
"CRISIS INSTITUCIONAL"
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales ante los que Petro ha solicitado tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, aclaró que será neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
La organización regional ya ha advertido de que para adoptar cualquier decisión sobre este caso antes se deberán agotar las instancias nacionales, por lo que el proceso en la CIDH seguirá parado hasta que la decisión de Ordóñez sea firme.