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BOGOTÁ, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha denunciado que lo que hay contra él "no es oposición, sino odio", después de que el procurador Alejandro Ordóñez no haya reconocido su reciente restitución. "Estoy embargado, destituido e inhabilitado. Solo me queda el destierro o la muerte", ha sentenciado.
"De esto no queda sino la orden de asesinato", ha añadido el mandatario local, que ha comparado su situación con la que podría darse en el periodo previo a la 'Guerra de los Mil Días' --guerra civil de Colombia entre 1899 y 1902--, cuando existía la conocida como 'Ley de los Caballos', que permitía al Gobierno reprimir administrativamente sin necesidad de juicio.
"Recuerdo que una llamada 'Ley de los Caballos' originó la 'Guerra de los Mil Días', yo estoy en las mismas, mis bienes están confiscados, estoy destituido e inhabilitado a pesar de que un juez ordenó lo contrario", ha apostillado Petro, tal y como informa la emisora colombiana Caracol Radio.
En este sentido, el alcalde capitalino insiste en que en el informe de la Procuraduría está registrada su inhabilitación y destitución, un hecho que --según añade Petro-- "representa un desacato a la justicia, porque un juez ordenó cesar los efectos de esa decisión".
Por ello, concluye que el único que puede solucionar la situación hacia la paz, en relación con todo su caso y la Procuraduría, es el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
VUELTA A LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ
Petro volvió al cargo el pasado miércoles, después de que Santos firmara el decreto correspondiente en cumplimiento del fallo emitido un día antes por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales 32 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
La Procuraduría General ya había anunciado que presentaría un recurso ante la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que fue quien emitió el fallo, para impugnar la restitución de Petro.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo 'in extremis'-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido por María Mercedes Maldonado --que ya formaba parte del equipo del ex combatiente-- hasta la reciente restitución de Petro.