BOGOTÁ, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha publicado en su cuenta de Twitter un enlace a un artículo de opinión de la revista Semana sobre el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Alonso Sanabria, encargado de anunciar el fallo que avala su destitución por la Procuraduría General.
En dicho artículo se insinúa que la empresa DMG, cuyo presidente es investigado por delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros, aportó dinero a la campaña del juez cuando éste optaba a la Gobernación de Boyacá.
"Este es el magistrado cuya ponencia hundió la tutela que protegía mis derechos políticos", tuiteó el alcalde bogotano, quien añadió el siguiente enlace a su tuit. 'Magistrado en problemas. http://m.semana.com/opinion/articulo/un-magistrado-problemas....
En dicho artículo, se alude a la financiación de DMG a numerosos políticos, y a una grabación hecha el 29 de octubre de 2007, un día después de las elecciones de alcaldes y gobernadores en todo el país, entre David Murcia Guzmán, presidente de dicha empresa, quien se encuentra encarcelado, y su cuñado William Suárez.
En la comunicación, ambos celebraban el éxito de sus candidatos: "Tenemos 10 ganadores, eso es mejor que haber montado 1.000 empresas", asegura Murcia. Sin embargo, se quejaban del fracaso de su patrocinado para la Gobernación de Boyacá. "Nosotros hablamos con el que iba punteando, con Sanabria pero no salió", le reporta William Suárez a su jefe. "Le dimos 400 puntos, pero esos se recuperan Pierda o gane Sanabria dijo que recuperaba eso".
El articulista cuenta que en la carrera por la Gobernación de Boyacá hubo sólo un candidato apellidado Sanabria. Se trataba de Pedro Alonso Sanabria Buitrago, el favorito en las encuestas, quien terminó perdiendo por apenas el 1 por ciento de la votación.
Añade que cuando se conoció la grabación, Sanabria "había logrado un gran premio de consolación", ya que dos meses antes, el Congreso lo había elegido como magistrado de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Ante la publicación, el magistrado Sanabria convocó a una conferencia de prensa para negar las afirmaciones de los interceptados jefes de DMG. Aseguró, jurando por Dios, que el grupo de David Murcia Guzmán no había hecho aportes a su fallida campaña en Boyacá.
Sostuvo que sólo supo de Murcia cuando estalló el escándalo y dijo no recordar siquiera haber oído el nombre de William Suárez. Concluyó que no se podía derivar responsabilidad suya a partir de esa prueba porque era un simple "diálogo de terceros".
"El magistrado no contaba con un detalle. Él mismo fue grabado conversando con William Suárez sobre el apoyo a su campaña", añade el artículo publicado en Semana.
SE RECHAZARON TODAS LAS TUTELAS
El "oportuno" mensaje en Twitter de Gustavo Petro se publica después de que el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia rechazara las más de 330 tutelas emitidas a favor del alcalde de Bogotá, frente al fallo de destitución emitido por la Procuraduría General, al considerar que no se vulneró el debido proceso y la defensa del mandatario.
Quien lo anunció fue justamente el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria: "El fallo de la Procuraduría queda en firme y no hay medidas cautelares, quedan sin piso jurídico". De esta forma, quedan avaladas las determinaciones que en este caso adoptó el procurador.
La decisión fue aprobada por seis votos contra uno y revoca el fallo del Seccional de la Judicatura de Bogotá, que había suspendido los efectos de la destitución hasta que se fallara de fondo una acción de nulidad y restablecimiento de derecho que el alcalde Petro debía presentar.
Los magistrados de la Judicatura han negado una supuesta vulneración de los derechos políticos de las personas que presentaron las tutelas, al considerar que no resultan amenazados por la medida impuesta contra el alcalde de la capital.
Tras los fallos emitidos por este organismo, al alcalde de Bogotá, sólo la queda la opción del Consejo de Estado, donde se fallarán otras 23 tutelas que presentaron terceros para tumbar la sanción de destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso la Procuraduría, además de una eventual revisión de estos fallos por parte de la Corte Constitucional.