BOGOTÁ, 25 Abr. (Notimérica/EP) -
El alcalde de Bogotá , Gustavo Petro, ha expresado su respeto a la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de impugnar el fallo que ha permitido su vuelta al Gobierno capitalino, al tiempo que ha reivindicado la legitimidad de su cargo.
"Santos tenía la posibilidad de impugnar y lo hizo", ha dicho en una entrevista concedida este viernes a la emisora colombiana La W, indicando que el jefe de Estado simplemente está ejerciendo un derecho que la ley le reconoce.
No obstante, el ex guerrillero del M19 ha considerado que "el presidente ha quedado colgado de los palos", después de que los tribunales de Justicia rechazaran su decisión de expulsarlo de la Alcaldía de Bogotá, sin cumplir las medidas cautelares.
Petro ha atribuido todos estos movimientos a la campaña electoral en la que se encuentra inmerso el país, que el próximo 25 de mayo celebrará la primera vuelta de las presidenciales. "Es un momento electoral y se lo está jugando", ha dicho.
Interrogado sobre la impugnación, ha asegurado que está tranquilo porque --ha argumentado-- solo podrá ser expulsado del Gobierno capitalino definitivamente si se demuestra que ha cometido un delito, "y no es el caso aquí".
Además, ha vuelto a defender su estancia en el cargo, recordando que fue elegido con 700.000 votos. "El derecho político es un Derecho Humano y es importantísismo en democracia", ha subrayado.
VUELTA A LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ
Petro volvió al cargo el pasado miércoles, después de que Santos firmara el decreto correspondiente en cumplimiento del fallo emitido un día antes por el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Santos también podría haber optado por presentar un recurso contra la decisión del alto tribunal bogotano, pero desde que se inició el proceso contra Petro ha sostenido que siempre cumpliría las órdenes de los jueces.
La orden del Tribunal Superior de Bogotá es una de las más de 40 tutelas interpuestas en apoyo de Petro, de las cuales 32 han sido favorables a la decisión inicial de la Presidencia: expulsar al ex combatiente de la Alcaldía.
La Procuraduría General ya había anunciado que presentaría un recurso ante la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que fue quien emitió el fallo, para impugnar la restitución de Petro.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como a los órganos jurisdiccionales encargados de dirimir las solicitudes de tutela a favor de Petro.
En este contexto, el presidente colombiano se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo 'in extremis'-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
El Consejo de Estado confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
Con Petro fuera de la Alcaldía de Bogotá, Santos puso al frente de la misma a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que fue sustituido el pasado lunes por María Mercedes Maldonado, que ya formaba parte del equipo del ex combatiente.