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BOGOTÁ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha dejado entrever que teme que "la rapidez" con la que está actuando la Justicia en su contra --algo que achaca a las relaciones que mantiene la Procuraduría con este sistema-- lleve a un cambio del Gobierno municipal a lo largo de la próxima semana.
"Con la rapidez con la que van los amigos del procurador en la Justicia, tendríamos sustitución del Gobierno elegido en Bogotá la semana entrante", ha señalado el actual alcalde, en un mensaje difundido a través de su perfil oficial en Twitter.
Sin embargo, minutos después, en un evento en la localidad de Suba (Bogotá), el mandatario ha dicho que lo único cierto es que el 1 de enero de 2016 no estará al frente de la Alcaldía, según ha informado la emisora colombiana Caracol Radio.
"A partir del 31 de diciembre de 2015, efectivamente no estaré en la Alcaldía. Yo no le haría caso a Vargas Lleras de prolongar un mandato ni extender un período por el cual no fui elegido", ha sentenciado.
El pasado miércoles, el propio Petro denunció que el magistrado que hará la nueva ponencia de la tutela solicitada para revocar su destitución e inhabilitación (tras la negativa del Consejo de Estado) es "amigo íntimo" del procurador general, quien decidió su expulsión del Gobierno municipal.
Asimismo, convocó a sus seguidores a movilizarse este viernes en la Plaza de Bolívar, sede del gobierno local. "La única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada", sentenció.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La petición de la salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela (rechazada en primera instancia).
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, aclaró que será neutral.