BOGOTÁ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Procuraduría de Colombia ha enviado este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la información que solicitó sobre los procesos contra el hasta ahora alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por su destitución e inhabilitación.
Según ha informado la prensa colombiana, la Procuraduría ha remitido al organismo regional un formulario en el que responde a las tres preguntas que le hizo sobre las decisiones adoptadas en el caso Petro y sobre las facultades del Ministerio Público.
Además, ha adjuntado un dossier con toda la información relacionada con la destitución y la inhabilitación del ex guerrillero del M19, que incluye las quejas presentadas por esta medida.
El pasado martes, la CIDH solicitó al Estado colombiano que enviara en un plazo de tres días "las observaciones que considerara pertinentes, en particular sobre la situación actual del proceso, los recursos disponibles y su posición sobre las medidas cautelares".
El abogado de Petro, Carlos Rodríguez, ha calculado la CIDH podría tardar unos tres meses en estudiar toda esta información, que incluye el fallo de la Procuraduría para la destitución e inhabilitación del ex edil capitalino, de 455 páginas.
Rodríguez ha explicado a Caracol Radio que pueden darse tres escenarios: que la CIDH considere suficiente esta información, que necesite más y la pida o que, en este último caso, se limite a decir que no ha lugar.
La solicitud de información obedece al proceso que Petro inició el pasado mes de diciembre ante la CIDH para que dictara medidas cautelares al considerar que con su destitución e inhabilitación se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
La CIDH ya advirtió entonces de que para adoptar cualquier decisión sobre este caso antes se deberán agotar las instancias nacionales, por lo que el proceso seguirá parado hasta que haya una decisión firme en Colombia.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
El hasta entonces alcalde de Bogotá presentó un recurso de reposición contra esta decisión, lo que implica que el fallo será revisado por quien lo dictó: Ordóñez. Por ello, Petro pretende recusar al procurador general para que sea otro quien tome la decisión en firme.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.
En este contexto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos se ha reunido con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, ha aclarado que será neutral.
REVOCATORIA
Al margen de este asunto, el próximo 2 de marzo se celebrará una consulta popular para decidir sobre la continuidad de Petro en el Gobierno de la capital colombiana, conforme al dictamen de la Registraduría.
El pasado 18 de abril, el gobernante Partido de la 'U' presentó una solicitud de revocatoria contra Petro ante la Registraduría al considerar que no ha cumplido el programa de Gobierno con el que se presentó a las elecciones municipales.
Petro y su círculo político han promovido un sinfín de acciones legales para impedir esta consulta popular. Sin embargo, ahora podría serle de gran utilidad para evidenciar el respaldo popular con el que cuenta de cara al proceso que se sigue en la Procuraduría.