BOGOTÁ, 19 Mar. (Notimérica/EP) -
La Procuraduría General ha notificado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la destitución e inhabilitación durante 15 años de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, después de que fuera ratificada por el Consejo de Estado. A partir de ahora, Santos tendrá diez días para decidir el futuro de Petro.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, ha informado oficialmente a Santos del fallo emitido ayer por el Consejo de Estado, en el que rechaza las 23 acciones de tutela ejercidas a favor del que fuera guerrillero del M19.
Entre las acciones de tutela rechazadas se encuentran las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a favor de Petro, según han informado los medios de comunicación colombianos.
Tras la notificación, Santos tiene un plazo de diez días para decidir si ratifica la decisión del Consejo de Estado y, por ende, la de la Procuraduría General, que fue la que ordenó la destitución e inhabilitación del edil capitalino.
De inclinarse por esta opción, el jefe de Estado tendría que designar inmediatamente un alcalde interino que estaría al frente del Gobierno de Bogotá hasta que el partido político de Petro, Progresistas, eligiera a un sucesor.
Santos también podría optar por hacer caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha exigido a Colombia que suspenda "de manera inmediata" la destitución de Petro, hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto.
POSIBLE REUNIÓN
En este contexto, ha trascendido que Santos habría aceptado la solicitud de Ordóñez para reunirse este miércoles en la Casa de Nariño --sede del Gobierno colombiano-- con el fin de exponerle sus argumentos en contra de la petición de la CIDH.
Según ha podido saber Caracol Radio, Ordóñez recordaría a Santos su decisión de denunciar el Pacto de Bogotá por el fallo desfavorable de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para Colombia en el conflicto territorial con Nicaragua.
El procurador general argumentaría que, si el Gobierno ha sido capaz de denunciar el acuerdo internacional que reconoce la jurisdicción de la CIJ en Colombia, más aún podría hacerlo con la CIDH, cuyas decisiones no son vinculantes.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la CIDH para que dictara medidas cautelares --algo que hizo a última hora del martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.