BOGOTÁ, 10 Jun. (Colprensa/EP) -
La Procuraduría General de Colombia ha solicitado este martes a la Corte Constitucional que tumbe el proyecto de ley que aprueba la realización del llamado 'referéndum por la paz', aprobado por el Congreso a finales del año pasado.
En un documento de 95 páginas, la Procuraduría afirma que el proyecto de ley tiene vicios de trámite y de fondo que son insubsanables por lo que debe ser declarado inexequible.
Según estima, como el proyecto de ley establece reglas para la realización de referendos que sean necesarios "para la implementación de un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado", es contrario al principio de igualdad, pues da trato especial a la consulta que eventualmente promueva el Gobierno para este fin y que no se da para ningún otro referendo.
La Procuraduría subraya que se trata de "un proyecto que se presenta, como su nombre lo indica, por razón de 'una ocasión', es decir, de una situación coyuntural específica, cual es la suscripción de un 'Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado'".
Asimismo, considera contrario a la Constitución que si esta consulta llegara a coincidir con elecciones, se pueda realizar, por estimar que es contrario a la libertad del elector. Igualmente, la Procuraduría cree que realmente lo que los colombianos refrendarían no son los acuerdos que se logren en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) directamente, sino los mecanismos para poder implementarlos.
Los ciudadanos no van a votar el texto de los acuerdos, sino las normas para poder ponerlos en práctica, por lo que el referéndum o los referendos sobre los que trata el Proyecto de Ley Estatutaria "es en realidad un plebiscito con efectos constitucionales para aprobar indirectamente los mencionados acuerdos, y no simplemente la aprobación libre y espontánea de una reforma constitucional, donde los ciudadanos pueden votar positiva o negativamente cada pregunta".
Además, en términos generales, la Procuraduría incide en que los ciudadanos terminarían aprobando indirectamente y, así, incorporando al ordenamiento jurídico de Colombia, "unos acuerdos que no han tenido ningún tipo de control y cuyas únicas partes y autores son el Gobierno Nacional y un(os) grupo(s) armado(s) al margen de la Ley".