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BOGOTÁ, 8 Abr. (Notimérica/EP) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha señalado este martes que estaría dispuesto a restituir a Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá siempre y cuando existiera un fallo judicial que le obligase a actuar en ese sentido.
"Si una autoridad judicial me llegará a ordenar restituir al alcalde Petro, lo restituyo al día siguiente porque es mi obligación. Es lo que juré cumplir. La Constitución y las leyes me obligan", ha manifestado el jefe del Estado durante una entrevista concedida a la emisora colombiana Caracol Radio.
"Que eso quede absolutamente claro, porque así actuamos y así seguiré actuando, repito, apegado a la Constitución, apegado a las leyes y defendiendo nuestras instituciones", ha insistido el presidente Santos, quien ha asegurado que la decisión de destituir a Petro respondía a la necesidad de defender a la institución de la Alcaldía.
"Cuando destituí al Alcalde Petro lo hice precisamente porque estaba cumpliendo con la ley, cumpliendo con la Constitución", ha vuelto a remarcar el presidente colombiano durante el VII Foro Urbano Mundial, celebrado en la ciudad de Medellín, en el norte de Colombia.
RECURSO DE NULIDAD ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
La Sala Plena del Consejo de Estado decide este martes si lleva ante esta Cámara el estudio de nulidad presentado por Petro en relación a su destitución de la Alcaldía de la capital colombiana.
La propuesta de Petro será presentada con los argumentos de que una decisión de este tipo deber contar con el debate previo de los magistrado de esta Sala, que en caso de que dieran el visto bueno, podrían definir medidas cautelares en un breve espacio de tiempo.
Sin embargo, este mismo organismo ha revocado en los últimos días una veintena de tutelas que hubiera favorecido a Petro.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El 9 de diciembre de 2013, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares, las cuales se le otorgaron el 18 de marzo, al considerar que se habían violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro el pasado 19 de marzo y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.
La decisión de Santos de hacer caso omiso a las medidas cautelares fijadas por el CIDH ha sido vista con "preocupación" en el organismo regional, pues dichas normas son "fuertemente vinculantes". En ese sentido también ha mostrado su "total desacuerdo" a los argumentos expresados por el Gobierno de Colombia para tomar esa resolución.