El Gobierno reconoce que hay más de dos millones de desplazados, pero algunas organizaciones sociales hablan de casi tres millones
BOGOTA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Algo más de la mitad de las familias desplazadas en Colombia viven en condiciones de "hacinamiento crítico", según se desprende de una investigación de la Universidad Nacional sobre el desplazamiento forzado en el país. Según el documento, en un mismo cuarto duermen hasta tres personas y el 37 por ciento de los hogares de desplazados no tiene acceso a todos los servicios públicos.
De los 6.600 hogares consultados para hacer el estudio, el 94 por ciento se trata de apartamentos o casas, mientras que el 5,4 por ciento habita en espacios que no cumplen "con ese criterio de dignidad". El estudio fue encargado por la Corte Constitucional y el Comité de Seguimiento que verifica los cumplimientos del Gobierno a la sentencia que ordena la atención integral a los desplazados.
La encuesta se realizó en 50 municipios, entre noviembre y los primeros días de diciembre de 2007, y se entrevistaron más de 10.000 hogares, de los cuales 6.616 eran de población desplazada incluida en el Registro Único de Población Desplazada (Rupd).
Según el economista Luis Jorge Garay, director del estudio, el 79 por ciento de la población en el Rupd está afiliada a salud, pero más del 85 por ciento están en régimen subsidiado y solo del 10 al 12 por ciento en contributivo. "Eso delata que una altísima proporción de la población desplazada ocupada estaría en la informalidad", indicó.
Ante estos datos, el Gobierno de Alvaro Uribe responde que no hay dónde construir vivienda para desplazados. El director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, aseguró que las autoridades tiene disponibles más de 150.000 subsidios de vivienda para desplazados pero que no hay proyectos habitacionales para esa población.
En este sentido, explicó que las alcaldías no cuentan con terremos que tengan redes de servicios públicos y los empresarios del sector de la construcción no están desarrollando suficientes proyectos de vivienda de interés social. "Entonces lo que necesitamos es habilitar terrenos y montar servicios públicos", subrayó.
MAS SUBSIDIOS DEL GOBIERNO
En todo caso, el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional precisó que se acaban de asignar 12.000 subsidios, pero que el Gobierno tiene la disposición de asignar 50.000 más, si aparecen las viviendas. Y cuando se agoten esos 50.000 subsidios, en seis meses, se pueden entregar 100.000 más.
Mientras, la Corte Constitucional seguirá haciendo un seguimiento de la situación de los desplazados hasta que se supere el llamado Estado de Cosas Inconstitucional. El tribunal hizo ayer una audiencia de seguimiento a un fallo que declaró un estado de emergencia frente al desplazamiento y ordenó al Gobierno adoptar medidas para ayudar a más de 220.000 personas.
Los informes conocidos ayer sobre la situación de los desplazados -tanto por parte del Gobierno como de la comisión de seguimiento a la sentencia de la Corte - señalan que los mayores fallos se presentan en generación de ingresos, vivienda, retorno y tierras.
Pero los inconformes se marcharon con la idea de que se ha trabajado demasiado en una discusión técnica para definir si los desplazados reciben o no la atención que requieren, "mientras afuera la gente sigue a la espera de la ayuda del Estado, no solo para salir adelante, sino para no tener que desplazarse".
Han sido cuatro años de discusiones desde que el Constitucional declaró en enero de 2004 que en relación con esta población se presenta una violación masiva de derechos fundamentales. A este hecho la Corte lo denominó un Estado de Cosas Inconstitucional. En ese periodo, un total de 860.140 personas han sido desplazadas, hasta sumar las 2.266.000.000 que hoy reconoce el Gobierno.
"Lo más grave es que, aún cuando la política de seguridad democrática ha contribuido para reducir las cifras de homicidios y secuestros, más de la mitad de los casos de desplazamiento Gobierno, han ocurrido en los siete años de vigencia de ese política", dijo el director de la Consultoría para el Desplazamiento, Jorge Rojas.
BAILE DE CIFRAS
Sobre el número exacto de los desarraigados no hay certeza, pues distintas organizaciones sociales -entre ellas Codhes- consideran que la cifra podría llegar a casi tres millones. El Gobierno argumenta que la diferencia nace del año en que comienzan a contarse los desplazados: Codhes, entre 1985 y 1986, mientras que el Gobierno lo hace a partir de 1997.
El Gobierno demuestra con cifras que ha hecho un gran esfuerzo ya que, según sus estadísticas, en el primer cuatrienio de la administración Uribe (2003-2006) se invirtieron 1,9 billones de pesos en atención a desplazados y en el periodo 2007-2010 se invertirán otros 4,1 billones.
No obstante, la comisión de seguimiento a la sentencia -integrada por organizaciones civilesl- presentó en la audiencia de ayer los resultados del 'Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada' y determinó que pese al esfuerzo, el Gobierno está lejos cumplir con la sentencia de la Corte.
Los informes del Gobierno y la Comisión utilizaron los 16 indicadores para la medición, aprobados a mediados del año pasado y aunque con diferencias en salud, alimentación y otros aspectos, señalan que las grandes debilidades están en las áreas de generación de ingresos, retorno, vivienda y tierras.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) espera que, después de la audiencia, se termine el debate sobre el tema de indicadores y se consolide la política de atención a los desplazados de tal manera que pueda levantarse el Estado de Cosas Inconstitucional.
"Lo que debería ocurrir es que se consolide una batería definitiva de indicadores que sean utilizados tanto por el Gobierno, como por cualquier otra entidad y luego la Corte tendría que evaluar si hay o no problemas de fondo en la aplicación de la política", dijo Andrés Celis, oficial Nacional de Protección del ACNUR.