Pide cesar al Defensor del Pueblo y a la CNR. "De seguir así deberán esperar 2.000 años para obtener verdad, justicia y reparación"
BOGOTA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un senador 'uribista' culpó al Estado colombiano del abandono en que se encuentran las víctimas de los grupos paramilitares, durante un debate celebrado ayer en la sede de la Cámara Alta en el que también aseguró que la verdad, justicia y reparación que esperan obtener las víctimas "va camino al fracaso". Ante esta situación, pidió la dimisión del Defensor del Pueblo y del director de la Comisión Nacional de Reparación.
Así se pronunció Armando Benedetti, senador del partido de la U, que integra la coalición de gobierno que lidera el presidente de la República, Alvaro Uribe, quien responsabilizó de manera directa al Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, y al director de la Comisión Nacional de Reparación, Eduardo Pizarro, por su desinterés y la falta de asistencia para las victimas.
Durante su intervención, el senador explicó que esa manera de proceder está favoreciendo la impunidad porque los paramilitares no han entregado los bienes, resultado de sus actividades ilegales, tal como prevé la Ley de Justicia y Paz, puesta en marcha por el Gobierno colombiano, como requisito para la desmovilización.
NO ENTREGAN LOS BIENES
El senador Benedetti precisó que del millón de víctimas que se calcula que ha dejado el actuar de los paramilitares, tan sólo 8.634 están vinculadas al proceso. "No sabemos qué ha pasado con los bienes de los paramilitares que debían ser entregados como requisito para su desmovilización. De 3.257 postulados para Justicia y Paz, tan sólo 12 han entregado bienes", denunció.
Entre los bienes entregados hay 652 prensas en regular estado, 70 pares de zapatos en regular estado, 4.518 vacas, 19 caballos, 12 predios rurales, cuatro lotes urbanos, dos inmuebles urbanos, cinco vehículos, 859 millones de pesos en efectivo y un televisor de 29 pulgadas. "Si se tuviera que reparar a las 125.368 víctimas con lo que sus victimarios han entregado al Estado, le corresponderían a cada una apenas 7.000 pesos", expresó el congresista.
En este punto, señaló que hay registradas 125.368 personas, de las que el 55% (69.027) ha sido acreditada su condición de víctima por la Fiscalía. Sin embargo, de ese 55%, sólo el 6.89% (8.634) han participado efectivamente en la diligencia de versión libre. Además, criticó que en dos años y medio de aplicación de la Ley de Justicia y Paz las víctimas no hayan recibido asistencia legal, acceso y facilidades para denunciar, "ni mucho menos seguridad".
"Las víctimas están siendo asesinadas por denunciar los delitos cometidos en su contra. Hasta hoy, han muerto 15 y hay amenazadas otras 92. De 204 solicitudes de protección se acogieron 70 que son atendidas por cuatro funcionarios", lamentó el senador, quien insistió en criticar a la Defensoría del Pueblo por "no haber hecho nada" desde que se expidió la Ley de Justicia y Paz.
FALTA DE ABOGADOS
Así, aunque reconoció que en este tiempo se ha dedicado a asesorar a las víctimas, no han brindado asistencia legal como lo estableció la ley 975 de 2005, y prueba de ello es que el 91% de las víctimas registradas no cuenta con abogado. En la Fiscalía y la Procuraduría tampoco se han visto avances. Para Justicia y Paz la Fiscalía asignó 23 fiscales que deben atender 3.001 procesos por despacho en dos salas. En la Procuraduría, apenas hay 12 procuradores judiciales.
Frente al proceso de desmovilización emprendido hace un par de años, el senador reveló que, a pesar de que se postularon 31.671 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sólo 3.257 se acogieron a la Ley de Justicia y Paz. De estos, 127 han rendido versión libre ante las autoridades, la primera fase del proceso que sólo han concluido cuatro personas.
En esas versiones libres, por ejemplo, la mayoría de los delitos confesados por los 'paras' desmovilizados son homicidios simples o lesiones personales, cuando en realidad, denunció el senador, se trata de homicidios agravados y torturas. "Además, de 91 denuncias presentadas sobre violencia sexual, hasta el momento sólo se han dado dos confesiones", criticó.
"ESPERAR 2.000 AÑOS"
También puso de manifiesto la inoperancia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que no ha cumplido con el mandato de la Ley al actuar "como un espectador mas". "Ha sido inoperante y sus miembros están dedicados a otras actividades diferentes", indicó. "De seguir como vamos, las víctimas deberán esperar 2.000 años para que obtener Verdad, Justicia y Reparación", sentenció el senador.
Antes de concluir su intervención, Benedetti abogó por respetar la Ley de Verdad, Justicia y Reparación y realizar algunas modificaciones, para lo cual propuso que la Defensoría del Pueblo brinde asistencia legal integral a las víctimas y que se reconozca que hay delitos de guerra que no se pueden calificar de comunes por parte de abogados, fiscales y jueces.
Por último, el senador hizo hincapié en la necesidad de que las mujeres no se vean obligadas a entregar ante las autoridades pruebas de los delitos sexuales de que fueron víctimas, y que el Estado se comprometa a reparar a las víctimas, aunque el Fondo de Reparación no cuente con recursos para hacerlo.