SAN JOSÉ, 28 Oct. (Notimérica) -
La huelga que desde el pasado 23 de octubre mantienen trabajadores de Puerto Limón, uno de los puertos más importantes de Costa Rica, se ha vistro recrudecida con actos como la quema de fotos de miembros del Gobierno costarricente, entre ellos, la del presidente, Luis Guillermo Solís, además de la del ministro de Trabajo, Víctor Morales, y el titular del Ministerio de Seguridad Pública, Celso Gamboa.
Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo ha suspendido la reunión prevista para el miércoles, 29 de octubre, con el sindicato de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), en tanto dicha organización no se pronuncie sobre estas acciones.
Los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva), convocados a una concentración este martes, recrudecieron sus acciones después de que la reunión mantenida la noche del lunes con el Gobierno no llegara a buen fin.
Los manifestantes aseguraron, a través del secretario general de Sintrajap, Ronaldo Blair, que se sentían "decepcionados e indignados porque apoyamos a un gobernante que está a favor de los millonarios y por eso hacemos esto".
La quema de fotografías de miembros del Gobierno se enmarca en el conjunto de medidas que han tomado los sindicalistas para protestar por la construcción de la terminal de la empresa holandesa APM Terminals en los muelles de Moín y Limón.
Tras estas movilizaciones, el ministro de Trabajo, Victor Morales, anunció que se supende la reunión pactada para este miércoles.
Además, y en una carta dirigida al secretario general de Japdeva, Ronaldo Blear, el ministro de Trabajo señala que desde hace tres meses, el Gobierno ha facilitado un espacio de diálogo "permanente y sincero" para lograr acuerdos en relación con la concesión a APM Terminals y el futuro de Japdeva.
Esa apertura --dice-- se ha mantenido a pesar del inicio de la huelga la semana pasada y en ese marco entregaron este lunes, en una reunión en el Ministerio de Trabajo, una serie de compromisos del Gobierno "para garantizar el fortalecimiento de Japdeva y el desarrollo de la provincia de Limon".
"A pesar de esa apertura y de haber propiciado un nuevo espacio de diálogo, recibimos como respuesta actos patrocinados por la dirigencia sindical que son inaceptables en un estado de derecho y que empañan la convivencia democrática y el respeto necesarios para mantener espacios de negociación", señala la misiva.
Según el ministro, la quema de fotografías del presidente de la República y de sus ministros, así como "las amenazas públicas en medios de comunicación", son "actos repudiables que no pueden ser tolerados por un pueblo que ama la democracia y aspira a la paz social duradera".
Por esta razón, comunica al secretario general del sindicato que hasta en tanto no manifieste públicamente su "condena" a dichos actos, "dé una disculpa al país" y los "censure expresamente" entre sus afiliados, el Gobierno suspende su participación en la reunión programada para este miércoles, 29 de octubre.
Desde el inicio de la huelga, casi 90 personas han sido detenidas por la policía. La concentración convocada este martes tenía entre sus objetivos que no se procese judicialmente a los operarios que han sido arrestados.
Los trabajadores de las terminales de Moín y Limón de Puerto Limón, que manejan alrededor del 80 por ciento del comercio exterior de Costa Rica, mantienen la huelga indefinida contra la concesión de 1.000 millones de dólares para expandir el recinto otorgada a APM Terminals, una unidad de AP Moller-Maersk.
Uno de los aspectos más cuestionados del contrato con APM Terminal es la tarifa de 223 dólares por movimiento de contenedor, que los demandantes consideran excesiva, y el monopolio que de hecho se crearía con la exclusividad del manejo de la carga en contenedores que se le da a la concesionaria.
Al respecto, los trabajadores de Japdeva han asegurado que no están en contra de la construcción de un nuevo muelle sino de la exclusividad en el manejo de los contenedores, y se preguntan si "vale la pena perder 2.000 empleos directos en Japdeva y 20.000 indirectos, a cambio de 450 que ofrece la APM Terminal".
Por su parte, el Gobierno alega que la cláusula 9.1 con la transnacional no es objeto de negociaciones porque fue un acuerdo que siguió procedimientos legales durante la gestión del expresidente Oscar Arias (2006-2010).