Actualizado 05/11/2013 20:52

ACTUALIZA 1-Brasil presiona para obligar a empresas Internet a almacenar datos en el país

(Actualiza con declaraciones de diputado y fuentes de la industria)

Por Jeferson Ribeiro y Anthony Boadle

BRASILIA, 5 nov, 5 Nov. (Reuters/EP) -

- Brasil podrá obligar a empresas globales de Internet como Google o Facebook a guardar la información de sus usuarios en el país, según un controvertido proyecto de ley que busca proteger a los brasileños del espionaje de Estados Unidos.

El texto presentado el martes es la respuesta política de la presidenta Dilma Rousseff a las denuncias de que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense espió sus emails y llamadas telefónicas, así como los de millones de brasileños más.

Un artículo agregado a instancias de Rousseff permite al Gobierno obligar a las empresas de Internet a almacenar la información de sus usuarios en centros de datos en Brasil. El texto, anticipado la semana pasada por Reuters, fue duramente criticado por la industria.

"La presidenta quiere que sea votado lo antes posible para tener una ley que proteja a los 100 millones de internautas brasileños", dijo a periodistas el autor del proyecto, el diputado Alessandro Molon, del gobernante Partido de los Trabajadores.

El plan pone a Rousseff en ruta de colisión con las compañías de Internet, algunas de las cuales sugirieron que la demanda puede complicar sus operaciones en Brasil y hasta obligarlas a marcharse.

El proyecto de ley que regula además otros aspectos de la comercialización de servicios de Internet en Brasil puede ser votado la próxima semana en la Cámara de Diputados, donde la localización forzada de datos encontraría resistencia de cruciales aliados de Rousseff como el partido PMDB.

Representantes de Google y Facebook no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar sobre el proyecto.

Pero una fuente de la industria dijo a Reuters que el artículo sobre la localización forzada de datos daba al Gobierno un poder desmesurado.

"No sólo no soluciona el problema del espionaje, sino que además permite a Brasil presionar a las compañías de Internet para obtener datos", dijo la fuente, que pidió no ser identificada para discutir libremente el tema.

Según el proyecto, las empresas que incumplan la ley podrán ser multadas con hasta un 10 por ciento de su facturación en Brasil excluyendo impuestos y eventualmente con una suspensión temporal o total de ciertas operaciones.

"Esto debería crear suficientes riesgos para que ninguna compañía abra nuevas oficinas en Brasil y las que ya tienen oficinas en el país consideren mudar sus operaciones a otro lugar", añadió la fuente.

Ronaldo Lemos, un profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro que participó en la redacción del proyecto original, dijo que el artículo sobre los centros de datos introducido a último minuto aumentaba la inseguridad jurídica de Brasil.

"Obligar a la localización de servidores en Brasil genera un efecto muy negativo para las empresas brasileñas y extranjeras", dijo.

UN MERCADO DEMASIADO ATRACTIVO

Pero el Gobierno apuesta a que Brasil es demasiado atractivo como para que las empresas de Internet hagan las maletas y se larguen.

Con 200 millones de habitantes y una fiebre por las redes sociales, Brasil es uno de los mayores usuarios mundiales de Facebook y Twitter.

Rousseff espera que tener los centros de datos de ese tipo de empresas en Brasil impida que la NSA u otras agencias accedan a la información de los usuarios brasileños.

Según reportes basados en documentos filtrados por el ex contratista de la NSA Edward Snowden, la agencia tuvo acceso en el pasado a los servidores de varias compañías globales de tecnología en Estados Unidos.

Pero las empresas argumentan que la medida no soluciona el problema del espionaje, pues, dicen, debido a la arquitectura de Internet la misma información estaría respaldada en servidores fuera de Brasil. La medida sólo elevará los costos y complicará las operaciones en el país.

Según análisis privados, operar un centro de datos en Brasil puede ser hasta un 100 por ciento más caro que en Estados Unidos y considerablemente más costoso que en otros países de América Latina. Existen además complicaciones adicionales, como la inestabilidad del suministro de electricidad.

En el texto presentado el martes, el Gobierno insiste además en la neutralidad de la Internet, un concepto resistido por las empresas de telecomunicaciones porque les impide cobrar precios diferenciales en función del uso de la red y las velocidades de descarga.

El proyecto de ley será discutido a partir de la próxima semana en la Cámara de Diputados, donde expertos esperan que sufra modificaciones.