(Cambia redacción, actualiza con Departamento de Estados de EEUU rechazando solicitud de Argentina para permitir que Corte Internacional de Justicia escuche el caso)
Por Joseph Ax y Andrew Chung
NUEVA YORK/BUENOS AIRES, 8 ago, 9 Ago. (Reuters/EP) -
- El Ministerio de Economía de Argentina afirmó nuevamente en la noche del viernes que el país ha realizado el pago obligatorio de su deuda soberana reestructurada, horas después de que el juez que interviene en el caso amenazó con declarar al país en desacato si no deja de hacer tales declaraciones.
El juez de distrito de Estados Unidos Thomas Griesa, quien supervisa la batalla legal del país sudamericano con sus acreedores de deuda incumplida, dijo en una audiencia en Nueva York a los abogados que representan a Argentina que el Gobierno ha hecho comunicaciones falsas y engañosas pese a que había ordenado suspenderlas.
Argentina, que cayó en el 2002 en una inmensa cesación de pagos de 100.000 millones de dólares, había asegurado en una comunicación legal publicada en periódicos de Estados Unidos que ya pagó su deuda y no tiene ninguna obligación pendiente.
Sosteniendo una copia del diario, Griesa dijo que si las comunicaciones falsas no se detienen, declararía al país en desacato.
"No hubo ningún pago", afirmó Griesa durante la audiencia.
Minutos después, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, en conferencia de prensa en Buenos Aires, criticó la audiencia diciendo que el juez "nuevamente no resolvió nada".
Argentina acusa a Griesa de favorecer a los fondos de cobertura que la demandan, liderados por NML y Aurelius.
"El juez Griesa continúa contradiciéndose a si mismo - y a los hechos evidentes - al sostener que Argentina no pagó", señaló el Ministerio de Economía en el comunicado.
"Sin embargo, fue el mismo juez Griesa quien en la anterior audiencia reconoció claramente que Argentina había cumplido con su obligación, y decidió mantener los fondos que son propiedad de los acreedores en el Banco de Nueva York hasta que la República le pague a los fondos buitres la suma de 1.600 millones de dólares", agregó el ministerio.
En tanto, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Washington no permitiría que la Corte Internacional de Justicia de La Haya revise las acusaciones de Argentina de que las decisiones del tribunal estadounidense han violado su soberanía.
"Nosotros no consideramos a la CIJ como un foro apropiado para abordar los temas de la deuda de Argentina, y seguimos instando a Argentina a negociar con sus acreedores para resolver los temas restantes con los acreedores", dijo la portavoz en un correo electrónico.
Argentina pidió el jueves a la Corte Internacional de La Haya iniciar un procedimiento contra Estados Unidos por el caso judicial, pero la demanda sólo podía proceder si Washington aceptaba voluntariamente la jurisdicción de la corte.
ADVERTENCIA DE DESACATO
El magistrado dijo el viernes a los abogados de Cleary Gottlieb, que representan a Argentina, que deben tratar de que el Gobierno deje de hacer declaraciones falsas. Para Griesa, el país sólo podrá decir que cumplió con sus obligaciones cuando compense a los "holdouts".
El juez aclaró que por ahora sólo estaba lanzando una advertencia, pero adelantó que podría endurecer su postura.
La nación sudamericana asegura que cumplió sus obligaciones al depositar 539 millones de dólares en las cuentas en Buenos Aires de su agente, el Bank of New York Mellon (BONY), para cancelar a fines de junio los intereses de un bono emitido bajo leyes extranjeras en las reestructuraciones del 2005 y el 2010.
Pero Griesa ordenó el bloqueo del pago porque Argentina no acepta cumplir con su sentencia de pagarle a los acreedores llamados "holdouts" unos 1.330 millones de dólares más intereses. Las partes aún no han logrado llegar a un acuerdo.
Argentina dio por cumplida la cancelación del cupón del bono y convocó a sus tenedores a presionar al BONY para que libere los fondos retenidos.
Jonathan Blackman, uno de los letrados que representan a Argentina, afirmó que su firma no estuvo involucrada en la notificación legal publicada en los diarios.
"Argentina es un país. Los países toman posiciones y decisiones. Estas no son necesariamente posiciones legales. Esto (por la notificación) fue una declaración de una posición para bien o para mal", dijo.
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha dicho que no puede cumplir con el fallo de Griesa porque quedaría expuesta a demandas judiciales hasta por 400.000 millones de dólares de los acreedores que se sumaron a dos reestructuraciones de deuda.
Más del 92 por ciento de la deuda impaga argentina fue canjeada y los tenedores de bonos aceptaron fuertes quitas. Una minoría rechazó los canjes de deuda y llevó al país a cortes internacionales para recuperar el valor total de los títulos.
Griesa ordenó la semana pasada a Argentina que retome las negociaciones con los fondos NML y Aurelius, que abandonó el miércoles de la semana pasada horas poco antes de que venciera el plazo final para cancelar el cupón de bonos reestructurados.
Argentina no ha aclarado si está dispuesta a volver a negociar con los demandantes, pero ha exigido la remoción del mediador judicial designado por Griesa porque considera que no ha sido imparcial. El magistrado rechazó el pedido.
"Siguiendo la instrucción de la Corte, he seguido trabajando para hallar una solución a los temas que dividen a las partes", dijo Pollack en un comunicado el viernes por la tarde.
"Como he indicado, es mi intención convenir y conducir nuevas negociaciones hasta que se alcance una solución, sin importar lo que tarde", agregó.