(Actualiza con decisión de tribunal)
BOGOTA, 28 mar, 28 Mar. (Reuters/EP) -
- Un tribunal de Colombia suspendió el viernes la venta de la tercera mayor generadora de electricidad del país, Isagen, acogiendo una demanda que considera ilegal el proceso de privatización por el riesgo de que provoque un detrimento al patrimonio del Estado.
"Como medida cautelar de urgencia, suspéndanse provisionalmente los efectos del decreto 1609 de 2013", dijo un fallo del Consejo de Estado refiriéndose a la norma que autorizó la venta de las acciones de Isagen y que según el demandante no fue autorizada por el Congreso.
La decisión del alto tribunal, que dirime los conflictos entre el Estado y particulares, se conoció después de que el Gobierno informó que recibió siete ofertas de empresas y consorcios locales e internacionales para adquirir una participación mayoritaria de Isagen, que se valora en unos 2.543 millones de dólares.
Las ofertas para la precalificación a una subasta fueron presentadas por Duke Energy, que entregó dos propuestas; China Haudian Corporation; la española Gas Natural ; el consorcio entre la brasileña Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig y la colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM); la Empresa de Energía de Bogotá ; y Generco S.A.
El Gobierno tenía previsto realizar una subasta para adjudicar su paquete accionario de un 57,6 por ciento de Isagen el 8 de mayo.
ARGUMENTOS EN CONTRA
El demandante Enrique Alfredo Daza dijo a Reuters que el proceso de privatización tiene fallas de fondo y forma, porque no fue autorizado por el Congreso.
Daza cuestionó la decisión del Gobierno de vender una empresa que presenta superávit, eficiencia financiera y constituye un activo de importancia estratégica que genera utilidades significativas.
El propósito del Gobierno es invertir los recursos obtenidos por la venta de la eléctrica en la construcción de obras de infraestructura vial.
Según Daza, quien pertenece a la Red de Justicia Tributaria, un grupo que defiende el buen uso de los recursos fiscales, el Gobierno tiene otras fuentes para financiar la construcción de carreteras de doble calzada en el país de 47 millones de habitantes.
El Consejo de Estado puede ratificar la demanda, con lo que quedaría cancelado el proceso de privatización, o rechazarla, una decisión que despejaría el camino para la venta.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, no hay una obligación de obtener una autorización del Congreso para la privatización, sino únicamente del consejo de ministros.
La empresa tiene una capacidad instalada total de 2.212 megavatios distribuida en 1.912 MW hidráulicos (86,43 por ciento) y 300 MW térmicos (13,57 por ciento).
La acción de la empresa en la Bolsa de Valores de Colombia caía un 0,62 por ciento a 3.200 pesos después del anuncio del Consejo de Estado.
(1 dólar = 1.965,64 pesos)