Por Nicolás Misculin
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El sector rural argentino dijo el martes que podría lanzar una huelga comercial en protesta contra la política agropecuaria del Gobierno, lo que reavivaría la extensa disputa disparada por intervenciones estatales en los mercados de alimentos.
Las cuatro principales entidades agrarias del país se reunirán en la tarde del martes para evaluar si lanzan la huelga, que -como sucedió durante las protestas del año pasado- podría perjudicar las exportaciones de granos de Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos.
"O aparecen las soluciones o aparecen las medidas de fuerza. Esa propuesta (la medida de fuerza) vamos a llevar nosotros a la Mesa de Enlace (el órgano que reúne a las cuatro asociaciones rurales)", dijo a Reuters Ulises Forte, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA).
La Federación Agraria propondrá realizar un paro de siete días en septiembre, que implicará detener la comercialización de granos, aseguró Forte, aunque la propuesta deberá ser refrendada por las otras tres entidades rurales.
La tortuosa relación entre el agro y el Gobierno se tensó más luego de que la semana pasada el Congreso renovó la facultad de la presidenta Cristina Fernández de fijar los impuestos a las exportaciones.
Pero el martes Fernández vetó un beneficio fiscal para los productores golpeados directamente por una sequía, lo que los enfureció.
En el 2008, los paros comerciales y cortes de ruta de los productores, que protestaban contra un alza impositiva a las exportaciones de soja, sumergieron al Gobierno en una crisis política y afectaron la marcha de la economía doméstica.
Las protestas también paralizaron las exportaciones de granos del país, repercutiendo en los principales mercados internacionales de materias primas.
Pese a que Fernández descartó -tras el rechazo del Congreso- el alza impositiva, la relación del Gobierno con los productores quedó resquebrajada.
Las esperanzas de los dirigentes rurales de que el Parlamento baje los impuestos a las exportaciones -llamados 'retenciones'- se desvanecieron la semana pasada luego de que el oficialismo aprobó una extensión de las facultades que le permiten a la presidenta fijar el impuesto a la soja, el mayor cultivo del país.
Adicionalmente el Poder Ejecutivo vetó el martes un beneficio fiscal para los productores rurales que sufrieron una feroz sequía, que había sido aprobado por "error" -según ministros de Gobierno- por los mismos diputados oficialistas.
Algunos medios difundieron el martes versiones de que el Gobierno pretende subir el impuesto a las exportaciones de soja, una medida considerada inaceptable por el sector, aunque el ministro de Economía, Amado Boudou, negó esa posibilidad.
De todos modos, Boudou justificó el veto presidencial diciendo sobre los productores afectados por la sequía que "si hay una zona que tiene desastre y no puede producir, no tiene nada que exportar", de acuerdo con declaraciones difundidas por la agencia oficial de noticias Télam.