MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La compañía agroexportadora argentina Vicentin ha reclamado su legitimidad para proteger sus derechos y los de sus accionistas y ha defendido que se encuentra "ajustada al marco legal vigente" y dentro de un concurso preventivo de acreedores, después de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciara ayer la intervención estatal de la empresa para su posterior expropiación.
La empresa ha indicado que, además, no tuvieron conocimiento de dicha intervención hasta que no se emitió por los medios de comunicación, por lo que están analizando "la profundidad de las medidas anunciadas".
"El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", ha expresado la sociedad en declaraciones recogidas por la agencia argentina 'Télam'.
Asimismo, Vicentin ha manifestado que, en reiteradas ocasiones, ha mostrado la voluntad de "honrar los compromisos asumidos". "Desde diciembre de 2019 el directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos cuatro años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión", ha subrayado la compañía.
Por otro lado, la agroexportadora ha asegurado que, si bien muchos de sus trabajadores no han podido trabajar durante la pandemia, "todos han cobrado como corresponde". Al mismo tiempo, la empresa reconoce que entre las alternativas que manejaba se encontraba la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales, entre las que se encuentra YPF Agro.
El pasado lunes Alberto Fernández anunció que el Gobierno intervendría el Grupo Vicentin, que es la cuarta exportadora agrícola más grande del país, después de que en diciembre se declarara en suspensión de pagos, y se enviaría al Congreso una ley para poder expropiarla.
La exportadora de granos, harinas y aceites se encuentra en concurso de acreedores, con una deuda de 100.000 millones de pesos (más de 1.200 millones de euros), por lo que el Gobierno, ha dicho Fernández, se ha decidido a rescatarla, ya que "el Estado es su principal acreedor a través de la nación".
"Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen como misión rescatar a esa empresa. El propósito no sólo es que continúe, sino que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos", explicó Fernández durante una rueda de prensa en la que ha estado respaldado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.
El presidente argentino designó a Gabriel Delgado, quien se desempeñó como secretario de Agricultura Ganadería y Pesca durante los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández, como interventor del Grupo Vicentin. El objetivo del Gobierno, tal y como señaló Fernández, es que "el Estado se haga cargo" de la empresa, es por ello que anunció el envió de una ley de expropiación al Congreso.